Los representantes del gobierno de Lugo firmaron con Rio Tinto Alcan en diciembre de 2010 la hoja de términos –un precontrato de compraventa de energía eléctrica– sin que la Administración Nacional de Electricidad tuviera ningún análisis del costo de su producto.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) recién en noviembre de este año supo que el costo de su energía oscila entre los US$44 y US$53 el megavatio hora (MWh).

Aun así, los representantes del gobierno de Fernando Lugo firmaron un documento en diciembre de 2010 con la multinacional de aluminio Rio Tinto Alcan (RTA), denominado “borrador de la hoja de términos”, que compromete la energía de la empresa pública por 50 años.

Las negociaciones entre el gobierno y RTA se hicieron sobre la base de un estudio elaborado el año pasado por la consultora inglesa CRU Strategies, contratada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) por US$470.000, pagado por la Itaipú. Pese a que el documento se mantuvo oculto, se supo que la consultora había recomendado fijar una tarifa de entre los US$35 y US$38 el megavatio hora (MWh), cifras que fueron cuestionadas por un grupo de técnicos energéticos.

Lo más grave es que el gobierno elaboró y firmó un borrador de la hoja de términos, de 27 páginas y 35 puntos, comprometiendo la energía por medio siglo – sin tener aún la tarifa fijada–, así como a la misma ANDE en el caso del cambio de algunas leyes que perjudiquen a la multinacional.

El documento dispone que el contrato de compraventa de energía será de 30 años, con renovación automática por otros 20 años, y obliga a las partes a negociar de “buena fe”, con vista a lograr las suscripción del contrato de compraventa de energía, de conformidad con los términos, condiciones y principios del documento.

El borrador de la hoja de términos estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, si es que en diciembre de este año la ANDE y RTA no llegan a firmar el contrato.

Los escondieron. Tanto el informe de la CRU Strategies como el borrador de la hoja de términos nunca fueron divulgados por los funcionarios del gobierno de Fernando Lugo, con el argumento de la “confidencialidad”.

Un grupo de técnicos y altos funcionarios del propio gobierno de Lugo cuestionaron duramente la tarifa establecida por la CRU, porque el costo de la energía de la Itaipú era superior a los US$44.

Hablaron de US$60 MWh, porque al costo de la energía se debían sumar las inversiones en nuevas centrales de generación eléctrica y líneas de transmisión.