INC contrató en el 2011 a una librería para que le provea repuestos para su horno de clínker. Se trata del caso de uso irregular de G. 265 millones (US$603.487) en Vallemí, que finalizó con leves sanciones judiciales a los responsables.

La Industria Nacional del Cemento (INC) contrató en el 2011 a una librería para que le provea repuestos para su horno de clínker.

Se trata del caso de uso irregular de G. 265 millones (US$603.487) en Vallemí, que finalizó con leves sanciones judiciales a los responsables. La estatal antes compró fueloíl de una funeraria.

El juez Dúo resolvió mínimas sanciones para el ex director de fábrica de Vallemí, Dionisio Recalde, y para la ex tesorera, Selva Vázquez de Valleau, principales responsables del uso irregular de G. 265.492.000 de fondos de la fábrica. 

Supuestamente, ese dinero fue utilizado para comprar repuestos industriales necesarios en el horno refractario de clínker, como electrodos para soldadura eléctrica, correa para poleas de motores eléctricos, artículos de plomería, mangueras de diferentes tipos y medidas, cables, bomba central de frenos.

Sin embargo, las facturas demuestran que la adquisición se realizó de los comercios “Central Service”, que es una librería, y “Wam Servis”, que ni siquiera cuenta con casa comercial y solo figura en los papeles.    

Pero las irregularidades no acaban en la violación de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, la 1621 de la Función Pública y la 1535 de la Administración Financiera del Estado, apuntan además que no figura  en los documentos de INC la recepción de esos pedidos.    

El benévolo juez Dúo, por los hechos señalados, decidió castigar a Recalde con  una suspensión del pago de sus salarios por un mes, o sea G. 7,8 millones; mientras que en el caso de Vázquez, la sanción podría considerarse “moral”, porque  prohibió su promoción a un puesto administrativo superior.    

Ambas disposiciones, que se verifican en la sentencia SD N° 1/2012, del 21 de febrero de 2012, son las más leves entre las contempladas en el Art. 68 de la Ley 1626/00 de la Función Pública, que hace referencia a las faltas graves cometidas por trabajadores del Estado (la pena máxima es el despido).    

En el caso de otras personas involucradas (como la ex jefa de Administración y Costo, María Isabel de Román, y su asistente, Lucio Ortiz; el jefe de Mantenimiento, Darío Acosta; el jefe de Repuestos e Insumos, Marciano Acosta; Silvia Melo y Luis Zelada, de secciones afines), el juez dispuso el sobreseimiento definitivo, argumentando que no hubo suficientes elementos probatorios que demuestren su culpabilidad.   

Juez culpó a la falta de diligencia. En conversaciones con ABC, Dúo afirmó que la INC no proveyó todos los documentos que  le requirieron, como el manual de funciones, el manual de procedimientos administrativos y el informe de caja, razón por la cual su sentencia fue la mínima para los responsables principales, pese a haber tipificado el hecho como “falta grave”.    

El magistrado se refirió a un atenuante, la supuesta urgencia alegada por los sumariados para compra de repuestos del horno, de la cual depende la producción del principal insumo del cemento, el clínker.

Sin embargo, con su sentencia desconoció  disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley 1626/00, la 2051/03, la 1535/99 y el decreto 1249/03, que señalan con meridiana claridad los procedimientos de adquisición de materiales y servicios en instituciones públicas, así como las prohibiciones para cada cargo y sanciones ante faltas de los funcionarios.   

Consultado si recibió presiones políticas para emitir su sentencia (teniendo en cuenta que este hecho se dio durante la presidencia de Optaciano Gómez Verlangieri, hermano del senador liberal Ramón Gómez Verlangieri), respondió que no y aseguró que su trabajo fue “muy objetivo”.    

El juez Dúo admitió que “siempre se infringieron las leyes” en la INC y en otras instituciones estatales en la compra de materiales. Incluso, acotó que este tipo de casos “es una práctica de antaño”.   

Al presidente de la INC, Édgar Acosta, se le pidió su opinión acerca de la sentencia del juez, ante lo cual respondió que todo este proceso le demostró lo difícil que es echar a un funcionario público que no cuidó los recursos del Estado.

“No quiero opinar sobre la actuación del juez, pero tengo que admitir que esperábamos la sanción máxima, al menos para el ex director de fábrica, ya que todos saben cómo manejaba la fábrica”, puntualizó.    

De acuerdo con los datos de la Asesoría Legal de INC, cuyo titular es José María Lara, se apelará en lo contencioso administrativo la sentencia emitida por el juzgado de instrucción.