Lo anterior contradice frontalmente el “argumento” esgrimido recientemente por la Fiscalía, que habló de “superávit” para sobreseer definitivamente al titular del ente, Juan A. González Meyer, en dos causas por lesión de confianza.

Petropar publicó una solicitud a través de la cual pretendió desacreditar las publicaciones periodísticas que desnudaron un nuevo intento de desfalco a esta deficitaria empresa por más de G. 8.625 millones (US$2,1 millones) en concepto de retiro voluntario a favor de una veintena de funcionarios privilegiados.

En su intento por defender lo indefendible, deslizó que la pérdida patrimonial acumulada de la estatal asciende hoy a US$ 170,7 millones, mientras que semanas atrás la Fiscalía de Delitos Económicos sobreseía definitivamente al titular de Petropar en dos causas por lesión de confianza, entre ellas la de la millonaria sobrefacturación a Vitol SA (de casi US$2 millones), supuestamente porque “estas compras no generaron daño económico y porque Petropar “registró superávit”.

Entre las “argumentaciones” del fiscal Sergio Alegre, y la evidente complicidad de su predecesor, el fiscal Eduardo Cazenave, hoy suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa Camilo Soares, en la que se observaron maniobras similares a las realizadas en el caso Petropar, refiere que “el Ministerio Público pudo corroborar en la memoria anual 2009 de Petropar, en la que obra el balance anual y el informe de la auditoría independiente hecha a la empresa, que la entidad generó en el ejercicio 2009 una utilidad de G. 272.986.845.589, con lo que se puede corroborar que la operación no generó daño alguno a la empresa (...)”.

Sin embargo, en la solicitada que publicó ayer la estatal, explica que la diferencia patrimonial fue de US$ 337,7 millones al 31 de mayo de 2009, y al 30 de junio de 2011 de US$ 170,7 millones, con lo que se observa el blanqueo hecho por la Fiscalía para “salvar” al titular de Petropar de dos juicios orales: en el caso de la sobrefacturación pagada a la proveedora Vitol SA por compra de combustible y en el de la exoneración del alquiler de Petropar a PDVSA.

“Retiro voluntario”

Con relación al “retiro voluntario” también hay importantes contradicciones, porque al tiempo de destacar que se trata de un instrumento previsto en la ley y un derecho de los trabajadores (nadie discutió eso), y que la resolución emitida al respecto estableció los procedimientos administrativos correspondientes, dijeron después que “no lo ejecutaron en lo más mínimo”, con lo que admiten que iban a pagar y solo tras la filtración no lo hicieron. Además, si no hubo intento de pago de favores, ¿por qué iban a indemnizar a los funcionarios si muchos estaban a punto de jubilarse? Si todo estaba bien, ¿por qué lo ocultaron?