Estos recursos, invertidos entre los años 2006 y 2017, se suman a los 20 mil millones de pesos (US$1.067 millones), en promedio, que la paraestatal pierde cada año debido al huachicoleo.

Ciudad de México. La reparación de los ductos perforados por la delincuencia organizada representó para Pemex un gasto de 3.024 millones 555 pesos (US$161 millones) entre 2006 y octubre de 2017.

Estos recursos se suman a los 20 mil millones de pesos (US$1.067 millones), en promedio, que la paraestatal pierde cada año debido al huachicoleo.

De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior a través de la solicitud de transparencia 1857000055317, la infraestructura más afectada por la ordeña de combustibles, e incluso petróleo crudo, es la que corre por Veracruz, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. Le siguen Tlaxcala, Hidalgo, Edomex, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Tabasco, Querétaro y la Ciudad de México.

En su respuesta, Pemex detalló que el ducto más ordeñado es el que va de la refinería de Minatitlán, Veracruz, a la Terminal de Almacenamiento de Azcapotzalco, en la capital del país.

Sólo entre enero y octubre de 2017 la empresa gastó 199 millones 364 mil pesos (US$10.6 millones) para tapar las tomas clandestinas.

Remendar ductos cuesta 3 mil mdp. La reparación de tomas clandestinas coincide con su alza en los últimos diez años, revela Pemex.

La reparación de los daños que la delincuencia organizada causa a la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por las perforaciones ilegales, representó para la empresa un costo superior a los tres mil millones de pesos en poco más de una década.

De acuerdo con datos proporcionados por la petrolera, obtenidos por Excélsiormediante una solicitud de transparencia, la infraestructura que ha registrado mayor afectación por este tipo de ilícitos es la que corre por los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco.

Le siguen Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Tabasco, Querétaro e incluso la Ciudad de México.

La situación coincide con el aumento en el número de tomas clandestinas en dichos estados, principalmente en Guanajuato, pues el último reporte de Pemex al cierre de noviembre de 2017, señala que en dicha entidad hubo más de mil 696 perforaciones, 45.7% más que en el mismo periodo de 2016.

Es importante mencionar que la delincuencia perfora, coloca válvulas y mangueras que le permite extraer de manera ilegal hidrocarburos como gasolinas, diesel e incluso crudo, que posteriormente vende en el mercado negro, lo que significa una pérdida para el gobierno de poco más de 20 mil millones de pesos (US$1.067 millones) anuales.

La respuesta de Pemex a la solicitud 1857000055317 asegura que el costo de reparar las perforaciones ilegales, en el periodo comprendido de 2006 a octubre 2017, alcanzó 3.024 millones 555.7 mil pesos (US$161 millones).

Es así que los recursos erogados por la empresa fueron destinados principalmente para “cerrar tomas clandestinas”.

Cabe recordar que en los primeros once meses de 2017, la empresa registró más de nueve mil 509 ataques a su red de ductos, superando en 54.3% el número de estos hechos registrados durante todo el año anterior.

Esta situación obligó a la empresa a destinar un monto estimado de 199 millones 364 mil 909.14 pesos (US$10.6 millones) para cerrar tomas clandestinas de los primero diez meses de 2017.

Explicó que cada evento tiene características diferentes, por lo que su costo depende del punto de extracción y del lugar donde se encuentre el sistema,  el personal involucrado, así como el material que utiliza.

“La actividad desarrollada consiste en la inhabilitación de la toma clandestina para evitar la sustracción del producto”.

Reparar las perforaciones ilegales es una prioridad para la empresa, ya que mantenerlas, tal y como las dejan y utilizan los llamados huachicoleros representa un riesgo, no sólo por las pérdidas económicas, sino también los daños o accidentes graves que éstas podrían causar a la infraestructura de Pemex, pero sobre todo al medio ambiente.

El documento menciona que no se tiene registro sobre los poliductos con mayor daño en 2006.

Sin embargo, detalla que entre 2007 y 2017, el ducto con mayor afectación por parte de la delincuencia organizada es el que va de la refinería de Minatitlán a la Terminal de Almacenamiento de Azcapotzalco, el cual corre en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México.

Otros de los poliductos que también se encuentran entre los más dañados por los huachicoleros son: el que va de la Refinería de Madero al complejo de Cadereyta, Poza Rica-Azcapotzalco, Salamanca-Zacatecas, Salamanca-Guadalajara, Salamanca-Morelia, Topolobampo-Culiacán, Cadereyta-Reynosa-Matamoros Brownsville, entre otros.

A pesar de los daños que estos ilícitos provocan a la empresa, ésta se ha negado a dar a conocer el monto de pérdidas económicas, bajo el argumento de que se trata de un tema de seguridad nacional, que podría ponerla en un estado de vulnerabilidad.