La Presidencia anunció el envío de la comisión para tratar de solucionar el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre ácido, que afecta a 24.000 personas de siete municipios sonorenses.

Excelsior.com.mx. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió una comisión federal a Sonora, con el objetivo de “evaluar y subsanar los daños causados a la población” por el derrame tóxico de una mina propiedad de Grupo México.

A través de un comunicado, la Presidencia de la República dio a conocer que “este grupo de trabajo se trasladará en las próximas horas para cumplir de forma permanente con las tareas que le ha sido encomendadas y estará informando a la población respecto al desarrollo y resultados de su gestión”.

La comisión, coordinada por la Secretaría del Trabajo, está integrada por funcionarios de Semarnat, Sagarpa, Cofepris, Profepa y de la Segob.

El anuncio ocurrió un día después de que la Secretaría de Gobernación canceló un encuentro que estaba agendado con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Peña ordena saldar derrame en Sonora. El presidente Enrique Peña Nieto formó una comisión de trabajo integrada por funcionarios federales, a fin de llevar a cabo acciones inmediatas y oportunas para evaluar y subsanar los daños causados a la población por el derrame tóxico sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.

Mediante un comunicado, la Presidencia indicó que los funcionarios viajarán en las próximas horas a Sonora y deberán informar oportunamente los avances.

Insistió en que se llevarán a cabo “acciones inmediatas, oportunas y eficaces para evaluar y subsanar los daños causados a la población con motivo del derrame tóxico en el Río Sonora”.

El titular del Ejecutivo federal instruyó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a fin de coordinar las labores de supervisión de los trabajos para resarcir los daños y atender las necesidades de la población.

Asimismo, los otros funcionarios que se integran a este grupo son Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat; Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sagarpa; Mikel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, y Alejandro Ozuna Rivero, titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación.

La decisión del Ejecutivo federal se da luego de que el pasado 10 de septiembre, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, expulsó a los delegados de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua del Comité de Atención a la Emergencia por el derrame tóxico, al considerar que no son interlocutores válidos, luego de que “ellos revelaron” que él tiene una presa en el rancho de su familia.

Ante el conflicto, Padrés y la Secretaría de Gobernación pactaron una reunión para este viernes, la cual fue cancelada.

Al respecto, la dependencia federal manifestó que la reunión no se llevó a cabo por falta de “condiciones necesarias para un diálogo respetuoso y constructivo”.

El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio, precisó que el cambio de planes se deriva de los señalamientos que, “sin sustento alguno”, hizo el mandatario sonorense.

Por lo tanto, este viernes la Presidencia anunció el envío de la comisión para tratar de solucionar el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre ácido, que afecta a 24.000 personas de siete municipios sonorenses.

Yaquis endurecen protestas contra Guillermo Padrés. Miembros de la tribu yaqui endurecieron el bloqueo a la única carretera internacional que atraviesa el noroeste del país, para exigir la liberación de su líder Mario Luna Romero, detenido por el gobierno de Gillermo Padrés, bajo el cargo de privación ilegal de la libertad en contra de otro indígena; amenazan con cierre total.

A partir de las 6:00 horas de este viernes, los inconformes con la operación del Acueducto Independencia pusieron troncos, llantas y piedras sobre la cinta asfáltica para impedir el libre tránsito de camiones de carga pesada; permitiendo el paso a autobuses de pasajeros, automóviles particulares, cargamentos peligrosos como combustibles o químicos y vehículos de emergencia.

El bloqueo provocó largas filas de varios kilómetros de tráileres en ambos sentidos, hasta el mediodía cuando los manifestantes permitieron el desfogue para sostener una reunión en la Guardia Tradicional de Vícam donde decidirán una posible interrupción total del tráfico hasta que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) libere al portavoz de la etnia y miembro del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua que integra a los yaquis con productores agrícolas de Cajeme.

Fue el 8 de junio del 2013, cuando Mario Luna, Tomas Rojo y otros dos sospechosos, presuntamente privaron de su libertad y robaron una camioneta al indígena Francisco Delgado Romo, durante las acciones de bloqueo; los inculpados afirman que la supuesta víctima venía alcoholizado y casi atropellaba a una mujer, por lo que fue sometido a la justicia tribal bajo usos y costumbres ancestrales; éste denunció a sus paisanos ante la PGJE.

Indagan más irregularidades. El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, señaló que se realizan investigaciones no sólo en la presa del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, sino de otros dos lugares.

El primer trabajo se hará en la misma cuenca y se prevé que la próxima semana se efectúe otra investigación en la zona pegada a Hermosillo, de donde se tienen denuncias.

El funcionario indicó en entrevista radiofónica, que se está dentro del marco legal y se hará valer la Ley de Agua Nacional.

Asimismo, informó que se espera tener resultados terminando la visita de inspección que sería este viernes, por lo que el mandatario sonorense tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar toda la información necesaria, que, terminando esos lapsos, el gobierno federal tendrá diez días hábiles para cruzar la información y dar un dictamen.

“Lo más importante es que la capacidad de inspección radica en la capacidad de denuncia de la gente para saber cuántos cuerpos de agua hay en cauces federales de propiedades privadas”, dijo.

Mencionó que en las inspecciones se determinará de qué años son las presas, en qué año se construyeron y cuáles son las condiciones. Sobre el desfogue que está haciendo el gobernador de su presa, indicó que no será pérdida de evidencia, porque la ley es muy clara, se checará la fecha en que se construyó.