El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, estimó que en nueve meses el gas natural estará al alcance de las poblaciones que viven en las zonas alto andinas de Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno.
Lima. La decisión del gobierno de llevar gas natural a las zonas alto andinas del Perú permitirá la inclusión geográfica de sus pobladores lo cual es, sin ninguna duda, justificable para mejorar la calidad de vida de los mismos, señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
El director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDE) de la CCL, César Peñaranda, indicó que ahora que se habla de inclusión social, habría que hablar de inclusión geográfica de modo que las zonas que no tienen servicios públicos sean incluidas en las inversiones.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, estimó que en nueve meses el gas natural estará al alcance de las poblaciones que viven en las zonas alto andinas de Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno.
“Esta iniciativa facilitará a la población de las zonas alto andinas acceso a un combustible para tener energía a bajo costo y menos contaminante”, consideró Peñaranda.
Manifestó que no se debe olvidar que en estas zonas están los bolsones más importantes de la pobreza en el Perú y la necesidad de servicios públicos de calidad, es decir, de energía, telecomunicaciones, salud, etc.
“La matriz energética en Perú está cambiando y se está sesgando hacia el gas, por lo cual esta iniciativa es positiva”, declaró a la agencia Andina.
Sin embargo, en la medida que es indispensable el subsidio para trasladar el gas natural a esas zonas, tiene que ser muy bien focalizado hacia los que realmente lo necesitan de manera que esta iniciativa no sea aprovechada por los que no lo necesitan.
“Además se tiene que evaluar muy bien cómo afectará las cuentas fiscales a través de un análisis costo beneficio y un análisis de rentabilidad social también, pues el sector privado está más sesgado a evaluar la rentabilidad económica de un proyecto”, refirió.
No obstante, el Sector Público tiene que realizar una evaluación de la rentabilidad social, involucrando temas medioambientales y de cambio en la matriz energética.
“Es positivo poner el énfasis en que este subsidio llegue a las zonas más necesitadas pero, sin ninguna duda, se justifica esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de los pobladores de esos lugares”, destacó.
Consideró que gran parte de la pobreza tiene que enfrentarse a través de la provisión de la infraestructura básica y orientada a las poblaciones que no tienen luz, agua, saneamiento, colegios, postas médicas y caminos de penetración.
Finalmente, indicó que el Estado debe preocuparse en realizar inversiones que no va a hacer el sector privado porque hay proyectos que no son rentables económicamente, como obras pequeñas de regadío, aspectos de energía, de saneamiento, o caminos de penetración, pero sí son muy rentables desde el punto de vista social.
