Pobladores de Cajamarca temen que el proyecto afecte las fuentes de agua de la empobrecida zona que vive principamente de la agricultura.
Lima. El gobierno peruano dijo que a más tardar el miércoles designará a la firma internacional que evaluará el impacto ambiental de un enorme proyecto minero de la estadounidense Newmont, detenido tras protestas en contra de su desarrollo en el norte del país.
El proyecto Minas Conga, con inversiones por US$4.800 millones, fue suspendido a fines de noviembre en medio de violentas protestas que dejaron varios heridos e impulsaron el cambio de varios ministros del presidente Ollanta Humala.
"Si no es el día de hoy (martes) o manaña ya deben estar nombrando los peritos y se va a empezar el peritaje que durante 40 días nos va dar los elementos de juicio para eliminar todas las dudas que pueda tener la población de Cajamarca", declaró el primer ministro Oscar Valdés, sobre el proyecto Minas Conga.
Los pobladores de la región de Cajamarca, donde se ubica el proyecto, rechazan el emprendimiento de Newmont Mining por temor a que su desarrollo afecte las fuentes de agua de la empobrecida zona que vive principamente de la agricultura.
Pero Newmont afirma que cuenta con un estudio de impacto ambiental, aprobado en el 2010 por el anterior gobierno, que cumple con los más altos estándares y que la población no tendrá problemas, pues planea almacenar agua de las lagunas de la zona en tres reservorios para tener agua potable todo el año.
El oro que alberga la zona minera de Cajamarca tiene un valor de unos US$15.000 millones a precios actuales.
"Tenemos que, a todas las personas de Cajamarca, hacerles ver realmente con una autoridad totalmente imparcial si este proyecto realmente puede ser causante de algunos temores en cuanto al tema ambiental", afirmó Valdés, agregando que "a nivel internacional nosotros debemos mostrar que somos un país maduro y que respetamos las reglas de juego".
La minería es vital para la economía peruana, pues aporta cerca del 60% de los ingresos por exportaciones.
El gobierno de Humala, que asumió funciones en julio del 2011, busca reducir los crecientes conflictos sociales que amenazan con frenar inversiones mineras y energéticas que suman unos US$50.000 millones en Perú, país que es el segundo productor mundial de cobre y plata y el sexto de oro.
