Los fondos privados de pensiones del Perú realizan gestiones para oponerse en bloque a posibles cambios radicales al sistema de jubilación, como los que una vez sugirió el presidente electo Ollanta Humala.

Los fondos privados de pensiones de Perú realizan gestiones para oponerse en bloque a posibles cambios radicales al sistema de jubilación, como los que una vez sugirió el presidente electo Ollanta Humala, al tiempo que preparan sus propias propuestas para modernizar el sistema.

El sistema de pensiones, operado por cuatro fondos que administran US$30.000 millones en depósitos, es la fuente más importante de inversiones de una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, pero es criticado por las altas tarifas que cobra y por inscribir sólo al 30% de los trabajadores.

Los gerentes de los fondos sostienen que el sistema podría ser mejorado, especialmente si el Gobierno hace más para captar un número mayor de trabajadores que forman parte del vasto sector informal de la economía peruana, pero rechazan cualquier comentario sobre una nacionalización del sistema.

En su plataforma electoral original, Humala, un militar retirado que moderó su discurso de izquierda y que asumirá el poder a fines de julio, propuso una pensión estatal obligatoria que podría haber desmantelado los fondos privados, conocidos como AFP.

La reforma sería la primera revisión sustancial desde que el sistema fue creado en 1992 para reemplazar un ineficiente esquema público.

Sin embargo, enfrentando a feroces críticas, Humala se retractó del plan inicial para ganar las elecciones el 5 de junio. Ahora propone una reforma más modesta, en la que podría dar una pensión pública mínima a los peruanos mayores de 65 años que no tengan un fondo privado, similar a lo que implementó Chile en el 2008.

Según Humala, esta reforma no tocaría el sistema privado actual y sólo agregaría una modesta carga fiscal al país.

Escépticos todavía temen que el nuevo gobierno pueda tratar -a la larga- de presionar por más cambios trascendentales, incluso a pesar de que el partido de Humala no alcanzó la mayoría en un nuevo Congreso fragmentado.

Mientras tanto, las AFP están trabajando para diseñar un paquete de reformas propias, que esperan sea aprobado por la mayoría de los legisladores.

"Los cuatro AFP estamos de acuerdo. Esperamos que los nuevos congresistas propongan algo pronto. La idea es conversar en julio y presentar algo la primera semana de agosto", dijo a Reuters el Asesor Institucional de la Asociación de AFP, Fernando Muñoz Nájar.

Una de las propuestas que las AFP acordaron sería el requerimiento de que los trabajadores autoempleados se inscriban en los planes privados. Trabajadores como los mineros informales, agricultores de subsistencia y artesanos limitan el crecimiento de las AFP.

Otra propuesta es la de eliminar las comisiones basadas en un porcentaje sobre los ingresos de los trabajadores y cargarlas al mismo fondo recaudado. Un cambio similar implementado en México redujo las comisiones a cerca del 40%.

"La reforma (...) se tiene que dar sí o sí este año, ya demoró demasiado. Este año debe reformarse y modernizarse con propuestas que garanticen una mejor pensión para los cinco millones de personas que han escogido este sistema", dijo la presidenta de la Asociación de AFP, Beatriz Merino.

"Además, esperamos que motive a que más peruanos tengan una pensión", agregó.

Reforma preventiva. Los gerentes de fondos han afirmado que preservar el corazón del actual sistema es crucial para Perú, que históricamente ha carecido de grandes inversiones de capital privado que impulsen el crecimiento.

Las AFP tienen depósitos equivalentes al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en la galopante economía de Perú.

Merino se opone a cualquier reforma similar a la de Argentina, que nacionalizó los fondos privados de pensiones en el 2008.

Con esa medida, el Estado argentino, que estaba corto de dinero, tomó el control de los fondos privados de pensiones y creó un nuevo sistema público, que ha expandido su cobertura en unos 2 millones de personas.

Sin embargo, miles de retirados en Argentina han presentado demandas contra el Estado, descontentos por sus precarios beneficios de jubilación pública.

Críticos han afirmado que los sistemas públicos representan conflictos de intereses para los gobiernos, que podrían verse tentados a prestarse dinero de los fondos de jubilación en tiempos de bajo presupuesto o para comprar bonos a tasas preferenciales.

"Esto realmente pondría al país en una senda de mal resultado fiscal", dijo el analista del Banco Mundial en Washington, John Pollner.

Las AFP de Perú sostienen que están impulsando el crecimiento económico al ser los mayores inversionistas en la Bolsa de Valores de Lima y, en menor medida, en el negocio de la construcción de casas, infraestructura y bonos del gobierno.

"Las reformas deben construirse sobre lo que ya existe porque este sistema ha dado buenos resultados y es fundamental para el crecimiento económico de Perú", dijo David Tuesta, economista jefe de Pensiones y Mercados Financieros del banco BBVA.