“Los gobiernos regionales deben afianzar o destinar un presupuesto especial destinado a fiscalizar que efectivamente la minería artesanal y la pequeña minería cumplan con sus compromisos, para evitar que luego se desencadenen acciones de protesta”, dijo el presidente de la CNA, Antolín Huáscar.
Lima, Andina. La Confederación Nacional Agraria (CNA) invocó este sábado a los gobiernos regionales a mejorar sus mecanismos de fiscalización de los compromisos de protección del medio ambiente e inversión social que debe cumplir la minería.
Recordó que es competencia de las administraciones regionales supervisar las actividades mineras en sus jurisdicciones.
“Los gobiernos regionales deben afianzar o destinar un presupuesto especial destinado a fiscalizar que efectivamente la minería artesanal y la pequeña minería cumplan con sus compromisos, para evitar que luego se desencadenen acciones de protesta”, dijo el presidente de la CNA, Antolín Huáscar.
Manifestó que la actividad minera que se realiza de manera irresponsable en algunas zonas del país afecta, sobre todo, a la pequeña agricultura y repercute negativamente en el desarrollo de la población.
“Por ello, los gobiernos regionales deben trabajar también en una agenda consensuada con los municipios para velar por el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental (EIA)”, declaró a la Agencia Andina.
Consideró que el cuidado y el respeto al agro garantizarán no solo el desarrollo e impulso de dicho sector sino que garantizará la seguridad alimentaria.
Opinó que el dinero generado por las multas que pague la minería artesanal y la pequeña minería cuando incumplan sus compromisos debe estar orientado a impulsar proyectos de reforestación en las zonas donde operan.
Asimismo, indicó que los gobiernos regionales deben promover los procesos de zonificación económica ecológica y de ordenamiento territorial, con el objetivo de tomar decisiones adecuadas en torno a la inversión pública y privada.
“Estos instrumentos identifican, entre otros aspectos, las potencialidades de las jurisdicciones, así como la protección de los recursos naturales al igual que las costumbres; por lo tanto, deben elaborarse con la sociedad civil organizada”, añadió.
