El contrato para construir el aeropuerto de Chinchero en la región turística del Cuzco sufrió modificaciones mediante una adenda a inicios de este año, luego que el Gobierno encontró que su financiamiento con garantía del Estado era muy costoso.
Perú podría postergar un proyecto aeroportuario de US$525 millones de un consorcio peruano-argentino si la Contraloría lo recomienda, en medio de críticas por cambios en el contrato, dijo el miércoles el vicepresidente Martín Vizcarra.
El contrato para construir el aeropuerto de Chinchero en la región turística del Cuzco sufrió modificaciones mediante una adenda a inicios de este año, luego que el Gobierno encontró que su financiamiento con garantía del Estado era muy costoso.
Pero la Contraloría consideró que estos cambios implicaban "un riesgo potencial" al Estado porque se entregaría un adelanto de dinero al consorcio Kuntur Wasi, del holding argentino Corporación América y el peruano Andino Investment Holding para iniciar las obras.
Vizcarra, que también es ministro de Transportes y Comunicaciones, dijo que el cambio mediante una adenda evitaría que el precio del proyecto se duplicara: En vez de que el consorcio financie parte del proyecto con tasas de interés altas, el Estado le adelantaría pagos según avance la obra.
"Vamos a esperar y vamos a implementar lo que ellos (la Contraloría) digan", dijo Vizcarra a la prensa extranjera. "Finalmente si se tiene que postergar (...) diremos que hicimos todo el esfuerzo para empezar este proyecto", agregó.
Representantes en Lima del consorcio Kuntur Wasi no respondieron de inmediato a la consultas sobre el tema.
Vizcarra es criticado por la oposición que domina el Congreso, que lo citó para el jueves para que responda cuestionamientos a la adenda. Si no satisface a los legisladores podría convertirse en el segundo ministro del presidente Pedro Pablo Kuczynski despedido por la oposición.
El escrutinio sobre la firma de los contratos del Estado ha aumentado en el país luego de que estalló un escándalo por la entrega de sobornos de la brasileña Odebrecht a funcionarios para ganar obras en el país.
