Las multas están tipificadas como infracción grave y corresponden a los incumplimientos de los valores objetivos de los indicadores de Calidad de Voz (CV) –S/7.017.600– y Calidad de Cobertura del Servicio (CCV) (US$2.049 millones)detectados en las acciones de supervisión realizadas en el año 2017.
Lima.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó en segunda instancia 92 multas impuestas a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. –por un total de S/ 31.764.000 (US$9.276 millones), por no remitir Compromisos de Mejora y por incumplir los compromisos de mejora presentados, conforme a lo establecido en el Reglamento de Calidad.
Las multas están tipificadas como infracción grave y corresponden a los incumplimientos de los valores objetivos de los indicadores de Calidad de Voz (CV) –S/7.017.600– y Calidad de Cobertura del Servicio (CCV) (US$2.049 millones)detectados en las acciones de supervisión realizadas en el año 2017.
El Consejo Directivo del Osiptel concluyó que Telefónica del Perú también infringió el Reglamento de Calidad al no remitir al ente supervisor, en el 2017, los Compromisos de Mejora de los indicadores CV en 51 centros poblados de 17 regiones y de los indicadores CCS en 4 centros poblados de 4 regiones. Por el primer caso fue multada con S/ 21.930.000 (US$6.404 millones) y por el segundo con S/ 1.720.000 (US$502.332 millones).
Cabe señalar que esta multa –cuya decisión en primera instancia se dio a conocer públicamente en mayo de 2019– es la más alta que se haya impuesto a un operador en la historia del regulador.
Los 92 centros poblados afectados pertenecen a los departamentos de Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lima, Cusco, Cajamarca, Ica, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali.
El regulador remarcó que las empresas operadoras tienen contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, tienen la obligación de adoptar las medidas apropiadas y previsibles para cumplir sus obligaciones contractuales, legales y técnicas, entre ellas, cumplir los estándares exigidos para que los usuarios reciban un servicio de calidad.
