Uno de los “resultados” obtenidos de las reuniones mantenidas por las autoridades de Petropar y de Pdvsa en Caracas, del 15 al 19 de agosto pasado, es la cancelación directa de la polémica deuda, descartándose así la figura del fideicomiso.

El informe señala que el titular de Petropar, Sergio Escobar, mantuvo una reunión con el vicepresidente de Pdvsa, Asdrúbal Chávez, al que expuso el replanteo de pago de la deuda del ente público paraguayo de US$269 millones, aproximadamente, y dejar sin efecto la aplicación del pago a través de un fideicomiso. Agrega que la propuesta se fundamentó en la amortización de la deuda de acuerdo a la “disponibilidad y capacidad de pago de Petropar”, sustentada en un plan de pagos, de acuerdo a un flujo de caja “técnicamente analizado”.

Destaca asimismo que se acordó también fijar la tasa de interés al 2% como lo establece el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas (ACEC), y que la propuesta tuvo “plena aceptación” por parte de las autoridades de la petrolera estatal venezolana, y que el acuerdo final entre ambas empresas se estaría firmando “en breve”. Es decir, Petropar pagará en forma directa a Pdvsa, sin intermediarios el capital y la tasa de interés será del 2%. El informe no habla de plazos.

Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes, el millonario pasivo que fue inflando con Pdvsa tuvo un origen espurio en gran medida. Fue producto de operaciones ilegales como la de la modalidad DES (entrega al costado del buque), la falta de contratos y los malos manejos administrativos, etc.

No solamente el subsidio al precio del gasoíl abultó la deuda de Petropar con Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) que se pretendía renegociar a través de una enmarañada maniobra fiduciaria, sino también es producto de un montón de operaciones ilegales y de desprolijidades administrativas de la petrolera estatal. Así, la administración de Juan Alberto González Meyer, ex titular de Petropar y que renunció en junio último, se empecinó en seguir realizando una operación que fue prohibida por Contrataciones Públicas. Se trata de la reserva estratégica, modalidad de entrega de combustibles con el flete incluido, conocida también como DES, y que fue impulsada principalmente para favorecer a una naviera amiga de este gobierno, ya que económicamente no se justificaba.

“Reconocimiento”. Dicha operación ilegal fue reconocida por la propia gerencia de comercio exterior de Petropar en donde se destaca que las facturas correspondientes “a los volúmenes transferidos desde la reserva estratégica entre julio y octubre de 2010 y que totalizan unos 25.000 m³ se encuentran vencidas y tienen un valor total de US$ 15.631.022, a lo que se suman intereses moratorios usurarios de US$223.650”.

Estas operaciones se siguieron realizando entre julio y octubre de 2010, mientras que Contrataciones Públicas ya lo había prohibido el 24 de marzo de ese mismo año.

Y como no pueden honrar el pago por tratarse de una operación ilegal, atendiendo a que Contrataciones Públicas es la única que puede emitir los códigos para los pagos respectivos, entonces siguen abultando aún más los pasivos de la estatal.