Las firmas preseleccionadas para participar en la licitación del puerto de La Unión han pedido más garantías al Estado.

Las firmas preseleccionadas para participar en la licitación del puerto de La Unión han pedido más garantías de que el Estado salvadoreño cumplirá con el compromiso de financiar un nuevo dragado en el canal de acceso del puerto de La Unión Centroamericana.

“Las cuatro firmas que están listas para participar en la licitación quieren una garantía del Estado que se va a cumplir con eso. Tenemos que trabajar con la Asamblea y hay que hacerlo en las próximas dos semanas”, dijo ayer Alexánder Segovia, secretario técnico de la Presidencia en la entrevista que transmitió Telecorporación Salvadoreña.

La Ley de Concesión Portuaria que aprobó la Asamblea Legislativa en 2011 dejó establecido que el costo del dragado será asumido por el Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA). El razonamiento que se hizo para justificar el cambio es que, con esa disposición, se le quitaba incertidumbre a los inversionistas.

Ayer, Segovia adelantó: “Estamos analizando la figura para mandarle un mensaje a los inversionistas: ‘esto que dice la ley ya lo concretizamos en un mecanismo’”.

La intención es que este mecanismo quede incluido en una ley o en el presupuesto general, según Segovia.

“Es un mecanismo para reforzar la garantía de que el Estado va a cubrir esos recursos, como dice la ley. Algunos creen que se necesita que la Asamblea Legislativa intervenga y que dé esa seguridad. Estamos (aún) haciendo consultas y esperamos que la Asamblea nos apoye en eso, si es que se llega a la conclusión que se requiere”, expresó el funcionario. Agregó que esperan lanzar la licitación en abril, poco antes de que termine la administración pública actual.

Las firmas precalificadas para participar en el proceso de concurso son: SAAM Puertos S. A., de Chile; Group Maritime TCB, de España; International Container Terminal Services Incorporated, de Filipinas; y Bolloré Port and Logistics, de Francia.

La invitación para iniciar el proceso ha sido reprogramada en varias oportunidades desde 2012.

Fuentes cercanas al proceso de concesión expresaron que las bases y el contrato fueron enviadas a la Corporación Financiera Internacional (IFC) para su revisión por parte de CEPA y que al ser devueltas serán remitidas a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) y a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

Después de pasar por el filtro de la AMP todo estaría listo para programar una fecha de licitación.

La concesión del puerto de La Unión, así como la firma de Fomilenio II, forma parte de la lista de temas “pendientes” que al gobierno saliente le gustaría dejar iniciados, reconoció Segovia.

El secretario dijo que el trabajo previo a la implementación del Fomilenio II no ha cesado y que en dos semanas esperan la llegada de una misión de la Corporación del Milenio, la agencia del Gobierno estadounidense que aprobó los fondos para el país.

Segovia instó a la Asamblea Legislativa a aprobar las reformas a la Ley Especial de Asocios Público-Privados que ha presentado el Consejo para el Crecimiento, sin las que no será posible firmar el convenio para recibir el donativo de US$277 millones por parte de Estados Unidos.