La empresa señaló que ha decidido recusar al titular de un juzgado civil del Distrito Federal, "ya que Fumisa cuenta con evidencia de que este juez está actuando en forma errante en las dos controversias" existentes con el AICM.

México. La concesionaria de los locales comerciales en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), Inmobiliaria Fumisa, pidió la recusación del juez que lleva el litigio de la empresa con la administración aeroportuaria, informó hoy la compañía.

En un comunicado, la empresa señaló que ha decidido recusar al titular de un juzgado civil del Distrito Federal, "ya que Fumisa cuenta con evidencia de que este juez está actuando en forma errante en las dos controversias" existentes con el AICM.

Inmobiliaria Fumisa precisó que en abril de 2013 dicho juez se declaró competente para decretar un interdicto favorable a la empresa "y el 12 diciembre de 2013, el mismo juez desistió de conocer de otra de las controversias" iniciadas por la compañía.

"Fumisa desconoce las causas que hayan motivado al juez Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a declinar su competencia en un juicio y sostenerla en otro cuando las partes son las mismas y el origen de la controversia es la misma", acotó el comunicado.

La administración del AICM informó el 1 de enero que arrendaría directamente los espacios comerciales en la Terminal 1 del aeropuerto, luego de que el 31 de diciembre terminara la vigencia del contrato con Fumisa.

Fumisa amplió el área internacional de la Terminal 1 del aeropuerto a través de un contrato que permitía a la empresa subarrendar espacios comerciales para recuperar su inversión. Las obras se iniciaron en 1991 y concluyeron en 2005.

El contrato también establecía que de no alcanzarse la tasa interna de retorno acordada de 12,82% al 31 de diciembre de 2013, "se ampliaría el plazo" de vigencia del contrato, explicó Ruffo Pérez-Pliego, director de Fumisa, en una entrevista previa a Efe.

La compañía argumenta que la tasa interna de retorno es actualmente menor a la tasa objetivo acordada, por lo que el contrato está vigente "y surtiendo plenos efectos legales" hasta alcanzar dicha rentabilidad, lo que calculó ocurrirá en 10 años más.

Ante esta situación, Pérez-Pliego refirió que el interdicto emitido el 15 de abril de 2013 por el Juzgado Vigésimo Noveno estableció que las cosas se mantuvieran sin cambios mientras se resuelven todas las controversias judiciales del caso, es decir que la empresa mantenga provisionalmente el control de los espacios comerciales del AICM.