La incertidumbre regulatoria, la presión sobre recursos financieros y la cautela ante la pesada mano del gobierno en proyectos de obras públicas, tienen a los empresarios recelosos respecto a los aeropuertos.

Brasilia. Brasil dio un giro ideológico de 180 grados al recurrir al sector privado para modernizar sus atiborrados aeropuertos a tiempo para la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos, pero todavía no convenció a los inversores de que se atendrá a las reglas del juego.

El gobierno dijo la semana pasada que entregará a empresas privadas concesiones para construir y operar cinco grandes terminales de pasajeros, acabando así con el monopolio del Estado en la administración de los aeropuertos del país.

Las empresas privadas participaban hasta ahora sólo en la construcción.

La medida fue adoptada tras crecientes preocupaciones de que los aeropuertos del país, ya atiborrados por un aumento en el número de pasajeros domésticos en años recientes, no sería capaz de dar abasto ante un millón de visitantes que se espera que lleguen al país para la Copa Mundial del 2014.

El Mundial que tendrá lugar en 12 ciudades de Brasil y los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en el 2016 están atrayendo miles de millones de dólares en mejoras de infraestructura, mientras Brasil se prepara para demostrar su crecimiento económico.

Pero los estadios y otros proyectos ya enfrentan retrasos en un país afectado por una excesiva burocracia y batallas legales.

La incertidumbre regulatoria, la presión sobre recursos financieros y la cautela ante la pesada mano del gobierno en proyectos de obras, públicas tienen a los empresarios recelosos respecto a los aeropuertos.

"El tiempo se agota. Necesitamos reglas del juego claras, rápido", dijo Paulo Godoy, director de la asociación de infraestructura privada Abdib.

El gobierno debe trazar en apenas unos meses el borrador para una nueva regulación, asegurar recursos financieros y reorganizar las tareas entre media docena de agencias como la autoridad estatal aeroportuaria Infraero y la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil.

"Aún no hay un modelo financiero o tarifario. Esos son asuntos complejos que involucran a un montón de actores", dijo una fuente del Gobierno vinculada con las negociaciones.

El anuncio de la semana pasada fue "político", sostuvo. "El plan aún no está listo", reveló.

Recelo. La incertidumbre que rodea a los aeropuertos de Brasil refleja una mayor ambigüedad respecto a la inversión privada y los reguladores de la industria, en un gobierno que incluye tanto a centristas de tendencias pro mercado como a izquierdistas que favorecen un desarrollo liderado por el Estado.

"Están luchando claramente entre la ideología izquierdista predominante y la necesidad de atraer capital privado", dijo José Luiz Lins, director de la asociación de reguladores de la industria ABAR.

"No existe una cultura de la regulación en Brasil. Estamos perplejos por la falta de preparación en lo que se refiere a aeropuertos", añadió.

El gobierno ha cancelado en reiteradas oportunidades la concesión para un tren de alta velocidad para conectar Sao Paulo con Río de Janeiro y sus interferencias en la administración del productor de mineral de hierro Vale también preocupa a los inversores.

Brasil prometió mejorar aeropuertos, estadios y otras infraestructuras como condición para organizar la Copa Mundial.

El tráfico aéreo doméstico ha estado creciendo a tasas de dos dígitos y los aeropuertos a menudo parecen a colmenares, con airados pasajeros dándose codazos en atiborrados pasillos.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que asumió su mandato el 1 de enero, ha perseguido ha política exterior y económica caracterizadas por su pragmatismo, pero también ha aplicado una mano pesada particularmente en sectores de recursos naturales como la minería y el petróleo.

El recién creado cargo de secretario de Aviación, que supuestamente coordinará el proceso, cuenta sólo con la mitad de su personal y aún carece de instalaciones apropiadas.

La autoridad aeroportuaria Infraero es ampliamente considerada como ineficiente y los inversores se han mostrado recelosos de firmar contratos con la agencia, durante mucho tiempo administrada por los militares.

"Hay más preguntas que respuestas. No voy a colocar ese tipo de recursos sin garantías financieras", dijo un ejecutivo de una de las constructoras interesadas, que pidió no ser identificado.