El anuncio del presidente Santos, de asignar regalías directas sin pasar por los OCAD, tiene contentos a los municipios productores de crudo y minerales.

El anuncio que el presidente Juan Manuel Santos dio la semana pasada, en el que aseguró que “las inversiones de las regalías directas no tendrán que aprobarse a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) y llegarán de manera eficaz y sin obstáculos a los municipios y departamentos productores (de petróleo y donde haya extracción minera)”, pasó inadvertido. 

Sin embargo, obedece a la posible solución de un problema reconocido por el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, y que radica en que el primer error de la reforma a las regalías fue el hecho de permitir que éstas se constitucionalizarán.

“Antes era por decreto”, explicó recientemente, al tiempo que no descartó que el Ejecutivo proponga una contrarreforma a la Ley 1530 (Se haría por vía constitucional).

Esto significa que el pago de regalías que recibían los municipios petroleros y mineros por la extracción de recursos en su territorio —que representaban el 74% del total nacional y que con el actual sistema general de regalías, pasarán a sólo el 9,5% desde 2015—, ahora es administrado por el gobierno a través de tres fondos (Ciencia y Tecnología, Desarrollo Regional y Fondo Compensación), a los que pueden acceder municipios productores y no productores.

Con el compromiso que Santos asumió, entonces, los OCAD —compuestos por representantes del Gobierno, gobernadores, alcaldes y representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes—, en los que se gestionaba el dinero de las regalías para inversión social e infraestructura, no necesariamente desaparecerían, pero ya no se necesitaría la decisión del órgano para la asignación directa de presupuestos y su ejecución, únicamente en el caso de los municipios productores.

“Lo que planteó el presidente Santos es que lo que corresponde a las asignaciones directas, a las regiones productoras, se gire directamente a los departamentos para que no tengan que pasar por los OCAD”, explicó Acosta.

La decisión, que ha sido calificada por algunos sectores políticos como “electorera”, es consecuencia de las quejas de los mandatarios locales de las regiones productoras en el sentido de que este trámite a través de los OCAD —que según ellos les ha quitado recursos—, también se convierte en una suerte de “laberinto” que les impide ejecutar proyectos.

Sobre el pronunciamiento del jefe de Estado, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), Gilberto Toro, aseguró que “lograr eliminar los OCAD implica una reforma constitucional y sería una rectificación muy importante, porque como lo han manifestados los alcaldes, no podemos estar de acuerdo con que sean otras personas las que decidan qué hacer con los recursos que ya por Constitución deben estar destinados al desarrollo local”.

El caso de Orito (Putumayo) —lugar desde donde sale el Oleoducto Trasandino, que a través de 305 kilómetros de tubería transporta el crudo producido en ese departamento (unos 85.000 barriles diarios) hasta Tumaco (Nariño)—, el concejal de ese municipio Octaviano García señaló que la afectación presupuestal que se ha generado a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Regalías se ha hecho evidente.

“Orito, entre 2011 y 2012, recibió entre $15.000 millones (US$7,9 millones) y $18.000 millones y con la nueva ley, entre 2013 y 2014 , no se alcanzan a recibir los $5.000 millones”, sostiene García.

Aunque la decisión de Santos fue bien recibida por los mandatarios locales de las zonas productoras, queda en la mesa la forma en la que se hará control de esos recursos, pues fue precisamente por altos niveles de corrupción, que se crearon los OCAD bajo la Ley de Regalías.

“No se puede seguir legislando sobre la base de la desconfianza en los mandatarios locales”, señaló el jefe de Fedemunicipios.

Expertos consultados por El Espectador, quienes mostraron su molestia por el pronunciamiento de Santos, consideran que de no tener claro cómo serán distribuidos estos fondos a los municipios productores se corre el riesgo de que terminen una vez más convertidos en plata de bolsillo y financiando piscinas de olas.

Por lo pronto, el mandatario elegido, los gobernantes locales y el Congreso de la República tendrán la responsabilidad de definir la mejor forma para que el Estado distribuya las asignaciones directas en departamentos y municipios productores de petróleo y minerales.