El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, agregó que que esta política permitirá impulsar la reutilización del agua y ser más eficaces en este fin con el uso de nuevas tecnologías.
Lima. La política hídrica consensuada en el Acuerdo Nacional, que garantiza el recurso hídrico a la población, permitirá tener un uso racional del agua en el Perú y desarrollar mejor las actividades económicas en las zonas andinas, sostuvo el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Humberto Speziani.
“Al tener una política hídrica ayudará a los esfuerzos del país para reducir la pobreza, porque se garantiza el agua potable para la población, recurso que es fundamental para diversas actividades; en la sierra existen sequías y se requiere de políticas adecuadas para garantizar su distribución”, expresó.
Speziani, quien participó el martes último en la sesión del Acuerdo Nacional donde se aprobó la política 33 referido al recurso hídrico, destacó que fruto del consenso, diversos sectores de la sociedad se hayan puesto de acuerdo en la necesidad de proteger el agua para futuro del país y su población.
En declaraciones manifestó que al existir un uso más racional del agua y una adecuada protección, permitirá mejorar la productividad en el Perú, sobre todo en actividades como la agricultura y la ganadería en la sierra.
Recalcó que esta política permitirá también impulsar la reutilización del agua y ser más eficaces en este fin con el uso de nuevas tecnologías.
En tal sentido, afirmó que en el Perú ya se debe pensar en iniciar el tratamiento de aguas servidas, para volver fértiles los grandes terrenos eriazos de la costa y así promover nuevas industrias y crear mayores puestos de trabajo.
“Se deben dar facilidades para poner los sistemas de ósmosis inversas para potabilizar por ejemplo agua de mar; eso crearía una revolución, los costos se han reducidos y otros países, como Israel, ya lo viene haciendo”, manifestó.
Precisamente, el Acuerdo Nacional aprobó la política de Estado número 33 referida a los Recursos Hídricos, en la que los participantes se comprometen a cuidar el agua como patrimonio de la Nación y como derecho fundamental de la persona al acceso al agua potable.