En octubre de 2008, el gobierno de Rafael Correa terminó su relación con la brasileña Odebretch, con la que mantenía contratos por US$600 millones y una relación comercial de larga data. Pero casi dos años después, el gobierno y Odebretch llegan a un arreglo.

Las causas de la ruptura entre el país y la transnacional fueron los problemas técnicos registrados en la central hidroeléctrica San Francisco, detectados en 2008. Los técnicos de Hidropastaza encontraron diversas fallas que provocaron una paralización en la central de 131 días en 2008 y problemas en las turbinas durante 2009. Los problemas en la construcción se descubrieron apenas un año después de que Odebretch entregara la obra al gobierno.

Debido a esas fallas, principalmente en el túnel de conducción y la chimenea de equilibrio (estructuras vitales para el funcionamiento y la seguridad de la obra), la central, que abastece al 12% de la demanda nacional de electricidad, no es operativa a largo plazo. Ciro Morán, gerente de Hidropastaza, la empresa pública que maneja San Francisco, explica que, tal como se encuentra en la actualidad, el tiempo en que la central dure sin paralizarse es incierto.

La decisión del presidente de la República, Rafael Correa, fue expulsar a la compañía, terminar con todos los contratos pendientes y presentar demandas por un trabajo que el régimen calificó en diversos informes como incompleto y mal hecho. Esa decisión puso en riesgo las relaciones con Brasil. A raíz de la expulsión, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Ecuador e insistió en que se respeten los acuerdos bilaterales.

Casi dos años después, el gobierno y Odebretch llegaron a un arreglo. El 8 de julio pasado, Hidropastaza y el consorcio brasileño conformado por la constructora y las firmas Alstom y Andritch, suscribieron un Convenio de Transacción, con el que dan por sanadas sus disputas con respecto a la construcción de la central.

Los acercamientos entre las partes empezaron en febrero de este año y concluyeron con un acuerdo en el que el gobierno hace concesiones a Odebretch: se compromete a solucionar las controversias presentadas contra el consorcio: una demanda arbitral que estaba en curso en la Cámara de Comercio de Ambato, las glosas emitidas por la Contraloría y una demanda arbitral presentada por Hidropastaza contra el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes), por el préstamo de US$242 millones concedido a Ecuador para financiar la obra. A cambio de eso, Odebretch reconoció su responsabilidad en las fallas detectadas en la central.

Ricardo Buitrón, consultor eléctrico, comenta que, con este acuerdo, el gobierno ha cedido más allá de lo necesario, puesto que permitió que el consorcio le imponga condiciones. La principal es la renuncia a estas demandas por parte del Estado para que la constructora brasileña ejecute las obras pendientes en San Francisco. Para Buitrón, esto es una muestra de que las constructoras transnacionales cada vez tienen más poder.

En esta situación, Buitrón observa la prevalencia de los intereses de los gobiernos de Ecuador y de Brasil para que se concrete el desarrollo del eje multimodal Manta-Manaos. Además, está el interés ecuatoriano de mantener buenas relaciones con el país que se perfila como una potencia en la región.

El acuerdo estipula que el consorcio llevará a cabo los trabajos para que San Francisco sea una central más resistente y segura. La primera parte consiste en trabajos preliminares: movilización del personal y de los equipos necesarios para hacer las reparaciones, e inspecciones para determinar las reparaciones que se deben llevar a cabo.

Buitrón advierte que otra concesión del gobierno al consorcio es que éste determinará los trabajos que realizará en el túnel de conducción y la chimenea de equilibrio. Por esa razón, aún no se conoce lo presupuestado por Odebretch para realizar los trabajos.

Sin embargo, Ciro Morán de Hidropastaza justifica el acuerdo y asegura que es beneficioso para el país, puesto que las reparaciones serán financiadas por la firma brasileña. El presupuesto de Hidropastaza para las reparaciones era de US$55 millones, cifra que el Fisco ahorraría.

Morán recuerda que el consorcio se compromete, además, a instalar un sistema electromecánico nuevo y mejorado y a realizar otras adecuaciones en la central hidroeléctrica.

Como compensación por los días de paralización de la central, Odebretch pagará US$20 millones. Esa cifra parece insignificante cuando se toma en cuenta que la Contraloría estableció que los perjuicios ascienden a US$100 millones y, en 2009, el gobierno determinó que superaban los US$200 millones. No obstante, Morán asegura que en las reparaciones el consorcio deberá gastar mucho más que los US$20 millones pactados inicialmente como compensación.

Por el momento, las demandas civiles fueron suspendidas. Sin embargo, los procesos penales en curso en la Fiscalía, que han dado como resultado la orden de prisión para varios técnicos implicados en la construcción de la central, siguen vigentes. Morán explica que estos procesos solamente son competencia de la Fiscalía, que determinará el rumbo que tomarán estas demandas.

Al respecto, el consultor José Pillegi considera que esos procesos debieron estar resueltos antes de la firma del acuerdo. “Así como el gobierno se apresuró a expulsarlos en 2008, también se apresuró a firmar el acuerdo ahora”. Pillegi advierte sobre la posibilidad de que el país no pueda cumplir con su parte del convenio: “la empresa hace la reparación pero queda abierto un proceso judicial y eso no le va a convenir a Odebretch. Eso entra en el ámbito de otro poder, el Judicial, que no ha firmado un convenio”, explica.

Sin embargo, considera que es positivo que el país solucione sus controversias y asuntos pendientes con todas las constructoras extranjeras -no solo Odebretch- porque son socios estratégicos para el desarrollo de infraestructura en el país, dan empleo y además incentivan a la competencia. “El Estado no debe tener heridas abiertas, debe cerrar los temas inconclusos”.

En el acuerdo, el consorcio brinda cinco tipos de garantías. Entre ellas, una garantía de diez años por el deterioro o ruina de la central. Alfredo Mena, director ejecutivo de la Corporación

Energética, encuentra positivas estas garantías, que son el resultado de una negociación. “Todo acuerdo implica que alguien cede una parte, era la única manera de solucionar la controversia y de arreglar la central”.

Mena considera que, si el convenio se ejecuta con éxito, la constructora pudiera participar en la adjudicación de otras obras.

Pero el propósito principal del acuerdo es que, con las reparaciones, San Francisco pase de ser una obra con un futuro incierto y con problemas técnicos permanentes a tener una operatividad garantizada de 30 a 50 años.