El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha convocado a Botín en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución del Popular, entidad que después fue comprada por un euro por el Santander.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado en calidad de testigo el próximo 28 de mayo a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, por la compra por un euro del Popular tras la resolución de éste a mediados de 2017.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha convocado a Botín en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución del Popular, entidad que después fue comprada por un euro por el Santander. Unos días después, el 4 de junio, ha citado al que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique, según la providencia de citación.

Desde que comenzó la instrucción, el magistrado ya ha tomado declaración a los investigados, entre ellos los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, y peritos del Banco de España. Así, las citaciones ya han entrado en la fase de testificales.

Botín y Echenique comparecerán después de que lo hayan hecho el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella; su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez; y el exgobernador del Banco de España Luis María Linde. Todos ellos están citados entre marzo y abril.

Precisamente, el juez Calama acuerda mantener la citación de De Guindos para el próximo 2 de abril, que será por videoconferencia después de que el exministro solicitara declarar por escrito al alegar que no podía desatender sus obligaciones en el BCE al desplazarse a Madrid.

El instructor rechazó la posibilidad de enviar el interrogatorio por escrito a De Guindos, así que finalmente ha decidido que preste declaración por videoconferencia, según consta en otra providencia.

Banco Popular llevó a cabo en la primavera de 2016 una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Durante todo ese tiempo, su entonces presidente, Ángel Ron, defendió la situación "inmejorable" del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las "irregularidades contables" de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital. La resolución de la entidad, ya con Ron fuera y con Emilio Saracho al frente, tuvo lugar el año siguiente y el Banco Santander compró la entidad por un euro.

El juez Calama investiga, por tanto, dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables de 2016 y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.