El mandatario sostuvo que el cobro de US$17 por entrar y otros US$17 por salir del país quedó sin efecto tras un contundente rechazo de la población hondureña.

Tegucigalpa. El presidente Porfirio Lobo vetó "ya días" el "zarpazo" migratorio aprobado en secreto el pasado 14 de diciembrepor el Congreso Nacional (CN).

El titular del Ejecutivo confirmó este viernes que el groseroincremento de US$34 (US$17 por entrar y otros US$17 por salir) al costo de los pasajes aéreosquedó sin efecto tras un contundente rechazo de la poblaciónhondureña.

El gobierno aseguró que el "trancazo" migratorio que sepretendió imponer por concepto de servicios de seguridad biométricaen las terminales aéreas del país fue vetado en "tiempo yforma", sin dar a conocer mayores detalles.

"Ya está vetada; elpresidente solo tiene 10 días hábiles para vetar o sancionar;  lo que pasa es que toma un tiempo poco largo loque es el traslado de los expedientes al Congreso, pero las dos leyesestán vetadas", aseguró el presidente de la República endeclaraciones a la prensa en la ciudad de San Pedro Sula.

El mandatario confirmó el veto cuatro días después de que elpoder Ejecutivo anunciara mediante un comunicado oficial la"revisión" del misterioso contrato suscrito a espaldas delpueblo hondureño entre el ministro del Interior, Áfrico Madrid, yla empresa estadounidense Securiport, el cual luego fue aprobado ensecreto por el Poder Legislativo.

"Ya está vetado, no es ley; una ley es ley cuando sepublica, si no ha sido publicada no es ley. No estásancionada, no está publicada, no es ley y fue vetada en tiempo yforma", precisó Lobo Sosa ante las interrogantes de la prensa sin dar a conocer qué pasará con el contrato de seguridadbiométrica que ya había sido pactado entre el gobierno y la empresaestadounidense Securiport.

De vuelta al CN. Ahora, todo dependerá de lo que ocurra en el Congreso Nacional,porque una vez vetado el decreto 252-2011, este debe retornar a lacámara legislativa, donde el pleno lo someterá a los diputados quepodrían definir con dos tercios de los votos si el contrato esaprobado "constitucionalmente".

Sin embargo, el diputado del Partido Liberal, Alfredo Saavedra, hasido claro y afirma que es poco probable que ocurra esa posibilidad,sobre todo porque después de los cuestionamientos al contrato no hay"ambiente" para lograr esa mayoría calificada (dos terciosde los votos).

Entonces lo que se podría esperar, en aras de evitar una demandade la empresa Securiport, es que el presidente Lobo Sosa autorice lanegociación de un nuevo contrato con la compañía.

En el caso que el nuevo contrato contemple siempre un ingresode US$34 por cada viajero extranjero que utilice los aeropuertos internacionales, se hadicho que el dinero ya no lo pagarían los viajeros sino el gobierno.

En ese sentido, la tasa de seguridad aeroportuaria podría salirde los fondos de la tasa de seguridad que aprobó el CongresoNacional, con la que pretende recaudar unos 1.500 millones delempiras (US$77.370 millones) anuales (7.500 en cinco años, equivalente a US$386.851 millones).

Pero también existe la posibilidad de que el gobierno negocie unnuevo contrato con una tasa inferior a los US$34 que habíanegociado en el decreto 252-2011.

Securiport emitió un comunicado este jueves en el que advertía queellos habían cumplido con todos los requisitos legales establecidosen la ley para firmar el contrato.

La empresa también expresó quehabían invertido en el país porque les garantizaron "seguridadjurídica", dejando entrever posibles acciones legales en contradel Estado.

Sin embargo, no hay posición oficial de la compañía en torno aentablar una demanda.

Se esperaba que este jueves arribaran al país los representantes deSecuriport, para conocer la última decisión del gobierno.

El convenio entre la empresa y el gobierno establece queSecuriport cobraría US$17 por cada vez que un viajerointernacional salga y otros US$17 por entrar al territorionacional.

El contrato dice que la Secretaría del Interior acepta que"Securiport reciba el pago de honorarios de US$17 por cadapasajero que entre y cada pasajero que salga de la República deHonduras a través de los aeropuertos internacionales".

Este valor será como pago del servicio del registro biométricoque Securiport realizará en 22 puntos migratorios, incluyendo loscuatro aeropuertos internacionales.

Es de mencionar que el 24 de marzo de 2011 el poder Ejecutivoaprobó el acuerdo 29-2011, que autorizaba a la Secretaría delInterior para que firmara, sin licitación, un contrato para adquirirlos servicios de una empresa que vigilara, con mecanismos avanzados,el ingreso y salida de nacionales y extranjeros del país.

El ministro del Interior, Áfrico Madrid, procedió a firmar elcontrato con la empresa Securiport por 10 años el 9 de mayo de 2011,lo que demuestra que las negociaciones estaban avanzadas.

Pese a ser aprobado a mitad de año, el Congreso Nacional esperóhasta el mes de diciembre, en las últimas sesiones y en horas de lamadrugada, para aprobar el decreto 252-2011.

El objetivo de estacontratación, según el convenio, es que mediante la nueva tasa deseguridad que se crea se mejore la vigilancia en las aduanas paraevitar la infiltración del crimen organizado.