El gobierno fijo este miércoles un ajuste al régimen minero cooperativo a través de la promulgación de un paquete de cinco decretos y una resolución que fijan nuevas reglas para el sector.

El gobierno de Bolivia revertirá en primera instancia las 31 concesiones mineras otorgadas a cooperativistas y que fueron subarrendadas a empresas privadas nacionales o extranjeras, proceso que incluye siete contratos suscritos con la Empresa Minera Manquiri.

“Inicialmente se ha identificado que 31 cooperativas sí establecieron contratos, de las cuales algunas están vigentes y otras no, pero ya establecieron contratos y generaron una situación de vulneración de la ley. En este caso, serían las que irían inmediatamente (a la reversión)”, anunció la mañana de este lunes el ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien este domingo participó de la reunión de gabinete de emergencia que dispuso ajustes al régimen cooperativista.

El gobierno divulgó la semana pasada una nómina de 31 pactos de este tipo. Entre ellos se identificaron dos acuerdos de la Cooperativa Minera 27 de Marzo y la Cooperativa Minera Unificada Potosí que firmaron, por separado, contratos de riesgo compartido con Manquiri, filial boliviana de la estadounidense Coeur Mining Inc. Ambos contratos tiene un plazo de 25 años.

Sin embargo, el jueves en la noche, en una entrevista en la red PAT, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, desveló que Manquiri suscribió al menos siete contratos con cooperativas mineras potosinas.

“Manquiri ha suscrito siete contratos con cooperativas mineras en Potosí, la cooperativa Unificada, la ComPotosí. Estas siete cooperativas involucran 7.000 personas entre socios activos, pasivos y trabajadores. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Minería, Manquiri obtiene ganancias de US$200 millones por año”, sostuvo la autoridad.

La administración del presidente Evo Morales fijó el miércoles pasado un ajuste al régimen minero cooperativo a través de la promulgación un paquete de cinco decretos y una resolución que fijan nuevas reglas para el sector.

Uno de los decretos establece que “de manera expresa revierte a dominio de Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresa privadas nacionales o extranjeras”, según anunció el ministro de Minería, César Navarro.