El impecable actuar de la cuprífera durante el rescate de los 33 mineros atrapados en el fondo de una mina en el norte de Chile vuelve a instalar el debate en ese país respecto a los pro y los contras de privatizar parte de la propiedad del mayor productor de cobre del mundo.
A estas alturas son innumerables las lecciones que se han sacado tras el rescate de los 33 mineros, atrapados bajo 700 metros bajo tierra en la mina San José. Pero, sin duda, una de las principales lecciones que dejó este episodio al Gobierno de Chile fue la importancia de contar con un aliado, la minera estatal Codelco, que jugó un rol tan estratégico que hoy está en boca de muchos.
Codelco no sólo proporcionó la maquinaria ad hoc, implementó los equipos tecnológicos y de comunicaciones en la mina, construyó una serie de obras civiles alrededor del yacimiento, facilitó vehículos y pagó las horas-hombres que participaronen el proceso de rescate, todo lo cual significó un aporte US$15 millones, y que equivale al 75% del costo total del rescate -US$20 millones-, según cifras oficiales entregadas por el Gobierno.
La estatal además se consolidó como la gran protagonista de esta historia, gestionando con impecable eficiencia todas las decisiones y desafíos que planteó la compleja operación para sacar a los mineros con vida, una de las más difíciles que se hayan llevado a cabo hasta ahora, y que arrojó un resultado tan feliz que la noticia dio la vuelta al mundo.
Así, la capacidad para planificar, ejecutar y contener los riesgos durante la crisis, poniendo a prueba la calidad y la experiencia de su equipo humano, impactaron positivamente en la imagen de Codelco ante la opinión pública, opina Andrés Ibáñez, profesor de Marketing de la Universidad Católica de Chile. “Definitivamente, la imagen de la cuprífera estatal salió muy fortalecida luego del rescate”.
Y quizás uno de los aspectos más destacables del desempeño de Codelco, fue su disposición para abordar tareas-país, contribuyendo con lo mejor de sus recursos, comenta Aldo Casalli, profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile.
Sin embargo y para algunos, el liderazgo que ejerció la empresa estatal durante la operación de salvataje, trascendió mucho más allá y “opacó la impresión que tenían algunos, respecto de su supuesta ineficiencia y mala gestión en la administración de sus recursos”, sentencia Julián Ortiz, profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile.
La crítica que hace el académico apunta nada menos que a la administración del Presidente Sebastián Piñera, quien a comienzos de este año, cuando todavía era Presidente electo y estaba a sólo unas semanas de asumir el mando, hizo que la escena local ardiera al rojo vivo, después de anunciar su intención de privatizar el 20% de la propiedad de Codelco.
Las razones para privatizar. Una de las razones que dio Piñera para impulsar la polémica medida de privatización, era la urgente necesidad de incrementar la eficiencia y competitividad de la cuprífera estatal, considerando su elevada estructura de costes.
Algunos expertos como Hugo Moraga, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, apoyaron la postura del Presidente electo, argumentando a través de los medios locales de prensa que “los costes operativos de Codelco hoy representan casi un 47% del total de sus costes, en cambio en minera Escondida–de propiedad privada de la australiana BHP Billiton- éstos apenas bordean el 19%, por lo que se hace evidente la necesidad de mejorar la competitividad de Codelco”.
Lo anterior hizo que varios economistas, parlamentarios y representantes del mundo minero, salieran a defender el carácter estatal de la empresa, aseverando que entre 2005 y 2008 Codelco ha aportado al Estado US$13.807 millones por concepto de Impuesto a la Renta –tributo que grava los ingresos tanto de personas como empresas-. Esto, según cifras publicadas por Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre y responsable de las estadísticas oficiales de producción minera del país.
Otra de las razones que Piñera esbozó para facilitar la entrada de capitales privados a la estatal, es que la medida permitiría mejorar su gestión y elevar su decaída producción de cobre. En uno de sus tantos discursos televisados que ofreció cuando aún no había asumido la jefatura de la nación, Piñera afirmó que “debido a la mala gestión de Codelco, ésta ha sido superada por Escondida en los volúmenes de producción de cobre”.
No obstante, representantes de la misma cuprífera estatal saltaron para corregir las declaraciones del Presidente electo, aclarando que Codelco produjo 1,70 millones de toneladas de cobre al cierre del 2009, lo que representa un aumento del 16% frente a las 1,47 millones de toneladas producidas el año anterior. En contraste, Escondida sólo produjo 1,1 millones de toneladas de cobre el año pasado, lo que significa un retroceso del 12% respecto de las 1,2 extraídas en 2008, según cifras publicadas por la misma minera en su sitio web.
El rescate hace reflotar el debate. Pese al álgido debate que se gestó en esa ocasión, no se llegó a ningún consenso, tal cual ha sido la tendencia hasta ahora, ya que la discusión por privatizar a la estatal ha estado instalada en la industria local durante años.
En opinión de Cristián Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, siempre han existido argumentos y contrargumentos para privatizar a Codelco. Se trata, explica, de un debate que está en el inconciente colectivo de todos los chilenos, tanto de los políticos y los trabajadores de la empresa estatal como de la ciudadanía, y sale a la luz pública de vez en cuando, dependiendo de los estados de ánimo y de la coyuntura política del momento.
A su juicio, el rescate de los 33 mineros hizo reflotar el debate en torno a la privatización, “a través del cual los interesados en demostrar que la estatal es eficiente en su gestión, lo logran empíricamente con este hito noticioso de carácter global”.
Algunos profesores albergan la esperanza de que el hito del rescate haya flexibilizado la postura del gobierno. En este sentido, Casalli espera que el exitoso resultado en las labores para sacar a los mineros con vida haya contribuido a que la autoridad entienda “la conveniencia de contar con este 'buque de insignia nacional' que es Codelco, y que nos permite estar entre los principales actores de la industria minera mundial, y además tener como nación capacidad de decisión y acción frente a escenarios de crisis”.
Sin embargo, otros no están del todo seguros que el capítulo del recate y su feliz término haya cambiado la agenda privatizadora del gobierno, como plantea Ortiz. Su única certeza, dice, es que la imagen de Codelco mejoró tanto ante la opinión pública, que ésta se constituirá en una barrera de presión, en caso de que la autoridad decida emprender alguna acción para facilitar la entrada de capitales privados en la cuprífera estatal.
En cambio, Ibáñez tiene una visión completamente opuesta a la de sus colegas, y asegura que el tema de si Codelco es estatal o no, “hoy no es relevante y tampoco creo que la opinión publica lo tenga en mente. No hay que olvidar que la empresa privada también tuvo un importante rol de participación en el rescate”.
En efecto, las mineras privadas Escondida, Collahuasi –de propiedad de la anglo sudafricana Anglo American y la suiza Xtrata-, la chilena Antofagasta Minerals, Caserones –de propiedad de la nipona Lumina Copper- y la canadiense Precisión Drilling, cooperaron en forma significativa a la operación de salvataje.
Éstas aportaron la perforadora T-130 -la máquina que logró llegar hasta los 630 metros de profundidad- y cinco máquinas que realizaron los primeros sondajes, además de 50 mil raciones de alimentos para los rescatistas que participaron en el proceso de rescate. Todo ello significó una contribución de 5 millones de dólares, lo que representa un 25% del costo total de la operación.
Discusión que no tiene fin. En opinión de Ibáñez, la minera estatal es una empresa de clase mundial, y así lo demostró durante el rescate, y como tal debe estar abierta a alianzas, asociaciones y al capital privado.
No obstante, Leporatti comenta que “hay que considerar que el cobre y Codelco, al igual que los mineros, son parte de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional, tal cual lo es la chueca -juego tradicional-, la empanada –comida típica-, la cueca –baile nacional- y otros tantos hitos. Todos ellos no son privatizables, porque son parte de nuestro patrimonio, y por lo mismo, creo prácticamente imposible que un gobierno transitorio se atreva a tomar una decisión privatizadora”.
Así, el consenso entre los profesores es que el debate por la privatización de Codelco está lejos de llegar a su fin. Lo más probable es que con el paso del tiempo la opinión pública se olvide de esta "acción heroica" de Codelco, dice Ortiz, pero con certeza la discusión volverá a tomar fuerza, dado que la agenda de los grupos políticos que promueven la privatización no ha cambiado.
Además, hay un componente ideológico que explica este ir y venir del debate, acota Casalli, “porque algunos políticos piensan que el rol del Estado debe ser lo más pequeño posible y no debe actuar en el ámbito empresarial, ni en el terreno productivo. En cambio otros políticos tienen una visión completamente opuesta”.
La carga que arrastra la estatal. Algunos expertos han planteado que el rescate además ha favorecido la gestión comercial de Codelco, abriendo la posibilidad de concretar nuevas alianzas estratégicas.
Pero Ibáñez descarta de plano que la operación de salvataje por sí misma haya tenido algún impacto comercial en Codelco. “Los resultados comerciales positivos son resultado de una buena gestión y de la capacidad para generar una creciente demanda… no de la habilidad para realizar un rescate bien hecho”.
Lo que probablemente ha cambiado para mejor, agrega Casalli, es la imagen de Codelco ante la opinión pública internacional.
Pero ello sólo por el momento. Hace años que la estatal arrastra una pesada carga impositiva, que a juicio de Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco –Centro de Estudios del cobre y la Minería-, ha repercutido negativamente en su imagen ante la comunidad internacional.
De acuerdo a la Ley Reservada del Cobre, promulgada por la dictadura militar en 1976, Codelco debe destinar el 10% de sus ventas para financiar los gastos de las Fuerzas Armadas del país, un gravamen extremadamente alto considerando que recientemente el cobre alcanzó un precio récord de US$4,01 la libra, en la Bolsa de Metales de Londres.
“Pese a que Chile tiene, en términos generales, una positiva imagen internacional”, comentó Guajardo en medios locales de prensa, “el tema particular de la ley reservada del cobre está muy mal visto, porque Codelco tiene que salir a explicar a sus potenciales socios y a sus competidores que está financiando el armamento del país, directamente con sus ventas. Y al mercado le resulta bastante difícil entender que haya un mecanismo que vincule directamente a la estatal con el financiamiento militar”.
Aunque el gobierno de la ex Presidente Michelle Bachelet (2006-2010)despachó en septiembre de 2009 un proyecto de ley al parlamento, que apunta a derogar la ley reservada del cobre y reemplazarla por un nuevo sistema que financie a las fuerzas armadas. Pero es poco lo que el Congreso Nacional ha avanzado a la fecha en esta materia.
Si la autoridad logra resolver este tema, lo más probable es que mejore la clasificación de riesgo de Codelco, y con ello su competitividad, convirtiéndose tal vez en el hito que marque el fin del debate en torno a su privatización.
