Seis funcionarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se encuentran en la mira del organismo.

Las fallas de la regulación habrían provocado el estrés del sistema. Viceministro de Energía, Carlos Erazo, entre los señalados.

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación preliminar contra seis funcionarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por su presunta responsabilidad en la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional y en las posibilidades de un apagón en las próximas semanas.

Los funcionarios que aparecen en el auto son: Cristian Rafael Jaramillo Herrera, German Castro Ferreira, Hernán Molina Valencia, Javier Augusto Díaz Velasco, Mauricio Gómez Machado y Oscar Hernán Machado Correa, expertos comisionados de la Creg; y Carlos Fernando Erazo, director Ejecutivo de la Creg, hoy viceministro de energía.

Aunque el Gobierno argumentó que el Fenómeno de El Niño explica la crisis del sistema eléctrico, la entidad considera que las fallas en la regulación para el suministro de gas para las térmicas y la remuneración para esas empresas son también factores que influyeron en la situación actual y que posiblemente no fueron atendidas con diligencia por el Ministerio de Minas y la Creg.

Entonces, el proceso buscará establecer la “posible” responsabilidad en el manejo regulatorio que impidió que los autogeneradores pudieran comercializar sus excedentes de energía, la oportuna actuación ante las advertencias para prever la actual situación del sistema eléctrico y las demoras en la construcción de la regasificadora de Cartagena, que facilitará la importación de gas pero que solo entrara en operación hasta finales de 2016.

“Los fundamentos expuestos para llegar a esta conclusión se concretan en eventos que fueron calificados por el gobierno nacional como imprevisibles, pero que conforme a los soportes aportados demostrarían lo contrario, así como otros hechos que han sido de conocimiento público”, documentó la Procuraduría.

“El informe presentado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública es contundente al afirmar que parte de los fines de la regulación están en hacer las correcciones del mercado, hecho que puede generar un reproche disciplinario pues aparentemente estos temas no fueron atendidos debidamente ante los posibles graves problemas que se estaban presentando de cara a la remuneración de los generadores térmicos, para quienes el precio de escasez estaban muy por debajo de los costos de operación. Situación que ponía en riesgo no solo las obligaciones de entrega en Firme de Energía, sino la existencia misma de los agentes en el sector”, aclaró el Ministerio Público.

La entidad manifestó que por los hechos anteriormente mencionados es necesario “analizar las actuaciones de la Creg y del Ministerio de Minas y Energía” para determinar si las irregularidades con referencia al precio de escasez y el cargo por confiabilidad “fueron atendidas o reguladas oportunamente ante las advertencias y en consideración a la situación que actualmente está afectando el sistema eléctrico nacional”.