La minería consume el 38% de la energía en el país sudamericano y es uno de los principales motores de su economía, con un 60% de los ingresos por exportaciones.

Totoral. En un remoto y árido paraje del norte de Chile, un puñado de artesanos y pescadores frenó la construcción de la mayor termoeléctrica de Sudamérica, un golpe para los multimillonarios proyectos mineros del productor de cobre más grande del mundo que están sedientos de energía.

Los vecinos de Totoral, un pueblo pequeño de calles de tierra y casas de adobe y paja, temen que la termoeléctrica Castilla afecte a los lobos y tortugas marinas, contamine parajes casi vírgenes y espante al turismo del lugar.

La demanda contra el plan del millonario brasileño Eike Batista de construir cuatro centrales a carbón encendió las alarmas entre los empresarios, quienes perciben un riesgo cada vez mayor para la cristalización de sus planes.

El futuro del proyecto, que contaría con una inversión de US$5.000 millones y generaría 2.100 megavatios, está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, cuyo veredicto es una prueba de fuego para otros emprendimientos.

A Castilla le sigue, por ejemplo, la termoeléctrica Punta Alcalde, que cuenta con una inversión de US$1.400 millones y que prevé producir 740 megavatios.

Y los antecedentes no son auspiciosos. La construcción de la termoeléctrica Barrancones fue suspendida tras la presión de ambientalistas, mientras que la siderúrgica CAP retiró de evaluación Cruz Grande, que se construiría en un área cercana.

"Hay un problema muy fuerte en la oferta y, por lo tanto, si esta inversión se va atrasando (...) podemos tener una crisis eléctrica en los próximos años muy fuerte", declaró el ex ministro Minería, Energía y ex jefe de Codelco y actualmente a cargo de la eléctrica privada Guacolda, Jorge Rodríguez.

El revés de estos emprendimientos pondría en jaque grandes planes mineros, como las expansiones al doble de su capacidad de Andina -una mina de la estatal Codelco- y de Collahuasi, el tercer mayor yacimiento de cobre del mundo.

La minería consume el 38% de la energía en Chile y es uno de los principales motores de su economía, con un 60% de los ingresos por exportaciones.

"Tenemos energía para los proyectos que están hoy en curso (...) La pregunta es qué estamos haciendo. La pregunta no es qué va a hacer BHP sobre eso, sino lo que el país está haciendo. Es un tema importante para el país que necesita ser resuelto", manifestó el jefe de Metales Base de BHP Billiton, Peter Beaven.

BHP Billiton controla en Chile a Escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre, en el que prevé invertir con sus socios US$4.500 millones para expandir la mina.

Chile prevé que la producción de cobre crezca un 30% hasta 7 millones de toneladas para el 2020, pero una demora en los planes energéticos, y como consecuencia en los proyectos mineros, pueden reducir su oferta en entre dos millones y tres millones de toneladas, explicó Juan Ignacio Guzmán, de Gestión y Economía Minera.

Los problemas energéticos en Chile son críticos para el mercado del cobre, en especial porque otra bomba de tiempo amenaza a su vecino Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo.

Allí, la falta de inversión y planificación a largo plazo en el sistema eléctrico, junto con violentas protestas sociales, amenazan con frustrar multimillonarios proyectos mineros.

En emergencia. Para satisfacer la creciente demanda de energía, Chile debe agregar 8.000 gigavatios a su matriz energética para el 2020, es decir, casi la mitad de su actual nivel de 17.000 megavatios.

El país ya está en plena emergencia para ahorrar energía y evitar apagones, como los que en septiembre del 2011 afectaron al núcleo minero del norte, donde se encuentran algunas de los mayores yacimientos de cobre del mundo, y que le costaron a Codelco 1.400 toneladas de producción perdida.

El panorama no es alentador. De acuerdo con el sitio de internet especializado en temas energéticos Central Energía, sólo se están construyendo proyectos con una capacidad de 2.296 megavatios, sugiriendo demoras generadas en parte por los largos y costosos procesos legales.

Uno de los más enérgicos en advertir sobre el tema es Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, el mayor productor mundial de cobre, al enfatizar que la capacidad eléctrica instalada en los próximos años podría no satisfacer las necesidades de la industria minera.

"Hay un portafolio grande de proyectos mineros (...) y eso supone que en la medida que estos proyectos se vayan haciendo va a haber energía disponible y eso no queda tan claro (...) La única alternativa que hay es que se desarrollen nuevos proyectos termoeléctricos, y eso probablemente se va a demorar más de lo que todos piensan", dijo Hernández en diciembre.

En la industria no quieren repetir la crisis de Sudáfrica del 2008, cuando varias minas y fundidoras paralizaron sus faenas por días ante el colapso del sistema energético.

Además, con inversiones previstas por entre US$90.000 millones y US$100.000 millones en la década, Chile necesita con urgencia asegurarse energía para satisfacer la voraz demanda de China y no perder terreno frente al auge de destinos mineros como Mongolia o Zambia.

Los problemas energéticos de Chile, que produce un tercio del cobre mundial y posee un 28% de las reservas globales, repercutirán más allá de sus fronteras.

Las demoras en los proyectos mineros y, como consecuencia, una producción menor a la esperada pueden alterar las proyecciones de superávit para el sector y disparar los precios del metal en el largo plazo.

Las demandas y su impacto. Las protestas sociales avivadas por una alta desigualdad explotaron en el último año en Chile, considerado el alumno aplicado de Latinoamérica y un destino amigable para los inversores, con demandas que van desde una participación en los beneficios de la minería hasta la protección del medioambiente de la Patagonia y una educación gratuita.

Las manifestaciones -en un país que a diferencia de la Europa en recesión tiene saludables tasas de crecimiento y el menor desempleo en años- hundieron la popularidad del presidente conservador Sebastián Piñera al menor nivel para un mandatario desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.

"Hay hoy más juicios de los que había hace 5-10 años", dijo Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, que agrupa a las grandes firmas del país. "No cabe ninguna duda que aquí está cambiando la forma de expresarse de las comunidades", agregó.

La Corte Suprema rechazó semanas atrás las demandas contra el megaproyecto eléctrico Hydroaysén, un complejo de cinco centrales hidroeléctricas en el sur del país que producirán 2.750 megavatios y que requerirán inversiones por US$3.500 millones.

Sin embargo, las protestas contra la iniciativa están lejos de terminar y sus opositores auguran una larga batalla para la aprobación de su línea de transmisión.

El estudio de impacto ambiental de la expansión de Collahuasi, un emprendimiento de Anglo American y Xstrata, amenaza con enfrentar la oposición de los residentes locales cuando se presente en mayo.

Para evitar problemas, específicamente con el suministro de agua, que sería el punto de conflicto, la firma decidió que instalará una planta desalinizadora para llevar agua desde el mar hasta el enclave de la mina en la Cordillera de Los Andes. Sin embargo, la decisión encarece los costos.

En tanto, el proyecto minero El Morro, una inversión de US$3.900 millones de dólares de la canadiense Goldcorp, está paralizado al perder el permiso ambiental por pedido de una comunidad indígena, un caso en manos del máximo tribunal.

Por su parte, el gigantesco proyecto de oro y cobre Cerro Casale, que la minera canadiense Barrick construye en la frontera de Chile y Argentina, también enfrenta resistencias por el uso del agua, aunque la empresa alega que no afectará la cuenca de un río vital para la zona, azotada por la sequía.

"La expansión minera está amenazando la vida de mucha gente. En Chile, no hay agua ni fuentes de energía para abastecer todo lo que va a requerir la minería", dijo Lucio Cuenca, director de OLCA, grupo que ha asesorado a las comunidades en el juicio contra Castilla.

"La decisión de Castilla refleja una nueva manera de pensar de los tribunales (...) No son insensibles a lo que pasa en estas comunidades", agregó, en referencia a la central que podría a las minas Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, Cerro Casale y Caserones, de Lumina Copper.

Representantes de El Morro y Castilla declinaron realizar comentarios hasta que terminen los procesos judiciales.

Para el ex ministro Rodríguez, cuya firma Guacolda también está bajo la mira de grupos opositores, la judicialización de los proyectos perjudica al país.

"Teniendo una legislación ambiental muy estricta y que tiene espacios para reclamar respecto a decisiones de la propia autoridad, la judicialización me parece un exceso. Está alargando un proceso y, al final, los perjudicados son las personas", alegó.

A la ya compleja situación energética del país se suma la inestabilidad del Ministerio de Energía, que ha visto desfilar a cinco titulares durante los dos años del gobierno de Piñera, mientras que la cartera de Minería se mantiene alejada de la controversia.

"Hay que esperar que las instituciones hagan su trabajo para que se puedan solucionar todos los problemas en adelante y realmente poder materializar los proyectos que están planificados para que realmente la economía del país siga avanzando", dijo el ministro de Minería, Hernán de Solminihac.

Pero los conflictos le están empezando a pasar la cuenta a Chile como destino atractivo para invertir, según el Fraser Institute de Canadá. En su último sondeo entre mineras y empresas de exploración, cayó del octavo al decimoctavo lugar, aunque sigue siendo el destino favorito en América Latina.

Esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Las empresas mineras ya están trabajando en planes alternativos para intentar abastecerse de energía para sus proyectos, en caso de que las centrales planeadas no se concreten.

BHP Billiton está sopesando reactivar su proyecto Kelar, una planta termoeléctrica de 650 megavatios que congeló durante la crisis financiera del 2008-2009.

En tanto, Antofagasta Mineral ha entrado en el proyecto eléctrico Hornitos, de E-CL, y en el parque eólico El Arrayán, con Pattern Energy, y no descarta realizar nuevas asociaciones con el fin de garantizar sus requerimientos.

"Puede ser una posibilidad que también en una futura expansión (...) tomemos una participación en alguna central de generación", dijo el vicepresidente de Desarrollo y Finanzas Corporativas de Antofagasta.

Sin embargo, el plan B tiene su contracara: un incremento de los costos. Codelco dijo que sus costos directos en efectivo crecieron un 11%, a US$1,16 por libra de cobre, en el 2011, casi exclusivamente por los mayores costos energéticos.

"Si la matriz energética no logra aumentar, no sólo va a afectar a inversiones, sino también a minas actuales, por los costos. Hay proyectos que podrían ponerse en riesgo", explicó Guzmán, de Gestión y Economía Minera.

Las alarmas ya están prendidas. Ahora, Chile necesita ver la forma de equilibrar las demandas sociales con las necesidades de inversión en nuevas fuentes de energía. De lo contrario, pagará las consecuencias de inclinarse demasiado en uno u otro sentido, o de no hacer nada.