“Creemos que el monto tiene que ser uniforme; si estamos dando US$225,1 a los rentistas, también deberíamos dar el mismo monto en el otro sistema”, argumentó el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.

El proyecto de la nueva Ley de Pensiones busca elevar de 1.640 bolivianos (US$228,8) a 1.800 bolivianos (US$251,1) el monto para el pago de gastos funerales de los asegurados en el sistema de jubilación. De esta forma, la cifra será igual a la ya establecida actualmente para los beneficiarios de la renta Dignidad, o renta universal de la vejez..

La información fue proporcionada a La Razón por el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, quien explicó que actualmente la prestación que se otorga para el pago de gastos funerales de los afiliados al sistema de pensiones es de 1.640 bolivianos.

Consultado sobre las modificaciones que el proyecto de ley introduce en ese tema, la autoridad indicó que el mismo plantea que el monto se incremente a 1.800 bolivianos, equiparándose de esa manera al pago dispuesto para quienes reciben la renta Dignidad.

“Creemos que el monto tiene que ser uniforme; si estamos dando US$225,1 a los rentistas, también deberíamos dar el mismo monto en el otro sistema”, argumentó el viceministro.

La prestación consiste en el pago por una sola vez del monto de dinero mencionado, en favor de la persona que acredite haber corrido con los gastos funerarios del asegurado, siempre y cuando el mismo no haya generado una pensión de vejez o invalidez.

Por otro lado, Guillén aseguró que los porcentajes para la distribución de la renta mensual que reciben los familiares tras el fallecimiento de un asegurado beneficiado con una pensión de vejez, “no han sido modificados” en el proyecto de la nueva ley sectorial.

En ese sentido, recordó que si el hombre muere y no tiene hijos, “el 80% (de la pensión que recibía en vida) es pagado a la viuda hasta su deceso”.
“Si el fallecido tenía un hijo, el 60% va para la viuda y el 20% para el huérfano. Y si tenía dos hijos, la distribución es de 60% para la madre y el 20% para cada uno de los hijos”, agregó.

La propuesta del gobierno dispone que el asegurado dependiente, hombre o mujer, se encuentra obligado a pagar las contribuciones en favor de su cónyuge o conviviente, siempre y cuando el mismo no esté en relación de dependencia laboral. En este caso, el aporte menor será el 10% del salario mínimo nacional, que es de 679 bolivianos.

El viceministro precisó que, además del 10% para la pensión de vejez, el aporte conyugal incluye el 1,71% de riesgo común, el 0,5% de comisión para la administración de los aportes y el 0,5% para el fondo solidario.

La iniciativa, complementó, permitirá que la esposa o el esposo sin dependencia laboral reciba la pensión por la que su cónyuge aportó y, cuando éste fallezca, la renta por muerte. Asimismo, cuando ambos mueran, el beneficio pasará a los hijos.

Uno de los principales planteamientos del ejecutivo consiste en la creación de un fondo solidario que permita elevar las pensiones bajas de jubilación hasta un máximo de 2.400 bolivianos para los trabajadores en general y de 3.700 bolivianos para los mineros.

Sin consensos. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, indicó que el gobierno todavía no terminó de consensuar el proyecto de la nueva Ley de Pensiones con los sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). Ello imposibilita que el documento sea remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

Renta Dignidad. El gobierno descartó elevar, por el momento, el monto de la renta Dignidad, así como nivelar el beneficio a 2.400 bolivianos para los jubilados, informó el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.

“Los ingresos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) no alcanzan para subirles (el beneficio a los jubilados). Nosotros vamos a ir revisando (el tema), de acuerdo con los ingresos que tengamos cada año, para ver si subimos o no la renta Dignidad”, informó la autoridad a este medio.

Actualmente, los ancianos que no perciben una renta reciben 2.400 bolivianos y los rentistas, 1.800. En marzo de este año, los jubilados marcharon para pedir la nivelación del beneficio a 2.400 bolivianos.