La mina de cobre, cuyo contrato fue firmado entre el Estado y la empresa Ecuacorriente, deberá obtener ahora los permisos del Ministerio de Patrimonio y de la Secretaría del Agua para completar los trámites respectivos que la autoricen a iniciar la explotación.

Quito. El proyecto minero Mirador ya cuenta con una licencia ambiental de explotación, así lo informaron este miércoles la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, y el ministro de Recursos no renovables, Wilson Pástor.

La mina de cobre, cuyo contrato fue firmado el pasado lunes en la sede del gobierno, entre el Estado y la empresa Ecuacorriente, deberá obtener ahora los permisos del Ministerio de Patrimonio y de la Secretaría del Agua para completar los trámites respectivos que la autoricen a iniciar la explotación.

Cada fase de desarrollo minero, es decir la exploración inicial, exploración avanzada y explotación, debe contar con estas tres licencias.

La licencia emitida señala que la empresa deberá aceptar los procesos de control de seguimiento y auditorías de cumplimiento respecto al manejo ambiental, además de crear un fondo de US$25 millones por año para reparación ambiental, que se utilizarán en el cierre de la mina con la condición de que se restituyan las condiciones actuales una vez concluida su actividad.

Al finalizar la explotación de esta mina, la empresa deberá reforestar cuatro mil hectáreas de bosque como compensación y quedará en la zona una laguna artificial de 300 hectáreas.

El ministro Wilson Pástor informó que la concesión de 2.800 hectáreas responde a los proyectos Mirador 1 y Mirador 2. Los proyectos Mirador 3 y Mirador 4 no están contemplados en el contrato suscrito el pasado lunes.

Este fue uno de los argumentos que deslegitimaron un supuesto informe de Contraloría que la prensa local había publicado este miércoles.

Además, los funcionarios señalaron que dicho documento no era un informe definitivo “ni siquiera es un borrador”, dijo Wilson Pástor, sino que “asumo que Contraloría ha emitido información informal y no vinculante” respecto a este proyecto minero.

Dicha información señalaba que el proyecto tendría supuestas afectaciones al cauce del agua, que vincula la actividad a un bosque protegido en la zona, y que no se hizo el proceso de socailización.

Al respecto Marcela Agiuiñaga explicó que esa información es incorrecta y fue resultado del desconocimiento técnico de quien emitió dicha información.