El apagón nuclear se decidió de forma rápida; la decisión sobre quién lo pagará, despacio. Las empresas de energía reclaman judicialmente al Estado miles de millones en compensaciones.
Fue todo muy rápido: el 14 de marzo de 2011, dos días después del accidente en la central japonesa de Fukushima, Angela Merkel, afirmó: "No podemos pasarlo por alto". En un abrir y cerrar de ojos las autoridades nucleares de los estados federales ordenaron parar durante tres meses las siete centrales más antiguas y la de Krümmel. Es lo que se llamó la moratoria nuclear.
En octubre de 2010 Merkel había dado marcha atrás a la decisión del gobierno anterior de abandonar la energía atómica, tomada en 2002. En junio de 2011, su gabinete, en un nuevo giro, decidió el cierre progresivo de ocho centrales para 2020. Cinco años más tarde, poco a poco se va haciendo tangible el coste: las empresas eléctricas se sienten expropiadas y exigen compensaciones al gobierno alemán. Unos veinte procedimientos están en curso, por valor de casi veinte mil millones de euros.
A la espera de sentencia en el proceso de Eon. El mayor proveedor de energía de Alemania, Eon, tuvo que desconectar de la red por la moratoria nuclear, las centrales Isar 1 y Unterweser. La compañía demanda al gobierno federal y los estados de Baviera y Baja Sajonia alrededor de 380 millones de euros en daños y perjuicios. El Tribunal Regional de Hannover decidió este lunes rechazar dicha demanda.
En un proceso similar, el provedor de energía EnBW, de Baden-Württemberg, pide una compensación de 261 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal Regional de Bonn desestimó el caso en abril de este año aludiendo que la empresa no se querelló en su momento contra la desconexión.
Quien sí presentó una demanda ya en abril de 2011 fue RWE. A principios de 2013 el Tribunal Contencioso Administrativo de Hesse declaró, en una sentencia confirmada por el tribunal federal, ilegal el cierre repentino de las centrales nucleares Biblis A y B. Entre otras cosas, porque RWE no había sido debidamente escuchada antes de la decisión.
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Quejas de "expropiación" inconstitucional. Para las grandes empresas de energía no se trata sólo de la moratoria: RWE, Eon y Vattenfall han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el precipitado apagón nuclear. Afirman que han sido expropiadas sin compensación, lo que iría contra la Constitución. El gobierno, en realidad, no les ha quitado la propiedad de las plantas de energía. La Corte Constitucional debe decidir ahora si se pueden "expropiar" volúmenes de electricidad acordados.
En caso de que el Tribunal dé la razón a las empresas, tendrían que luchar por sus compensaciones en otros procesos. Aquí es donde se trata de sumas elevadas: Eon reclama más de ocho mil millones de euros, los analistas calculan que RWE, unos seis mil millones. Vattenfall pide 4,7 millones de euros y exige, además un arbitraje de Estados Unidos. El cuarto mayor proveedor energético de Alemania, EnBW, no ha planteado ninguna demanda de inconstitucionalidad.
Que el Estado se haga cargo del cementerio nuclear. Los recursos ante el Tribunal Constitucional habían sido un medio de presión "para lograr concesiones en la financiación de la gestión de residuos nucleares", especuló el político ecologista Oliver Krischer en la apertura de proceso en el mes de marzo. Al mismo tiempo aconsejaron una Comisión sobre cómo repartir entre el Estado y los operadores el coste del almacenaje permanente de residuos nucleares y el de demolición de las centrales.
A finales de abril, la Comisión presentó su propuesta: los costos de desmantelamiento y demolición de las instalaciones nucleares correspondería a las empresas. Además, Eon, RWE, Vattenfall y EnBW pagarán 23.300 millones de euros en un fondo para gestionar el almacenamiento de los residuos nucleares. A cambio, el Estado debe asumir la responsabilidad para el futuro. Numerosos científicos y economistas estiman que el costo podría ser al menos dos veces más alto, un sobrecoste que acabarían pagando los contribuyentes.
Si la propuesta se acaba convirtiendo en ley o no, se aclarará después de las vacaciones de verano. Y dicha ley, en dado caso, entraría en vigor a finales de año.
