Las reglas de la Portabilidad Numérica, las mismas que el Senado de la República quiso tumbar en 2015 mediante una controversia constitucional por un supuesto exceso de facultades del IFT, es en 2017 un ejemplo del que el regulador británico tomará nota para beneficiar a sus usuarios.

La reforma constitucional que vino a sacudir a la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión en beneficio de la competencia y los consumidores cumple este fin de semana cuatro años de andadura a través de un camino marcado por muchos éxitos, al igual que varios desaciertos y tropiezos.

Sólo en el último de esos cuatro ciclos, esta legislación ha permitido que una nueva televisora encendiera una nueva pantalla para los mexicanos y con tecnología digital; que un grupo muy particular de indígenas de Oaxaca tuviera la posibilidad de explotar su propia red de telefonía sin fines de lucro o que asociaciones civiles de todo el país aprovecharan por primera vez la manera de bajar recursos para mantener viva a la radio social.

Pero la reforma estructural que más rápidamente caló en el imaginario de los mexicanos y en sus bolsillos también ha sido torpedeada desde el Congreso y la industria con las pretensiones de acotamiento a las facultades que la Constitución todavía hoy otorga al regulador para reglamentar sobre los derechos de las audiencias y también ha habido, como por estos días presume el IFT, quien ha intentado burlar la primera licitación de radio que se organiza en México.

Ese es el capítulo más reciente en la historia de la reforma constitucional que el 11 de junio del 2013 dio vigencia a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la promulgación que un día antes hiciera el presidente Enrique Peña Nieto y quien además calificó entonces a la LFTR como una palanca de desarrollo y “promotora de la justicia social”, porque vendría a abaratar los precios, a mejorar la calidad y la cobertura de servicios y sobre todo, porque gracias a esta iniciativa que integra el Pacto por México, “nuestro país demuestra que sí es capaz de transformase”.

Uno de todos esos factores de transformación que han llamado la atención al otro lado de los cielos aztecas es la rápida y sencilla capacidad en que a la fecha los mexicanos pueden migrar de compañía de servicios móviles llevándose su mismo número sin ningún impedimento.

Es la llamada Portabilidad Numérica, una medida de la que el consumidor nacional ha escuchado hablar desde los años 2007 y 2008, pero que la reforma de telecomunicaciones y el IFT vinieron a pulir entre 2014 y 2015, haciendo del proceso uno más brilloso, como para que la Ofcom, el regulador británico para el sector, volteara a mirar a México y a su reforma telecom.

En estos días, Ofcom ha convocado a los interesados en opinar sobre cuál es la mejor manera en que los consumidores británicos pueden llevarse consigo su número telefónico hacia otro proveedor de servicio y la manera en cómo debe concretarse esta acción.

La consulta de Ofcom concluye el 30 de junio a las cinco de la tarde, tiempo de Westminster, y su propuesta tiene mucho de semejanza con lo que en su momento diseñó el Instituto Federal de Telecomunicaciones con base en la LFTR.

Básicamente, la propuesta del regulador inglés para un mercado tan al día y penetrado en telecomunicaciones como puede ser el de Londres y todo el Reino Unido, contempla que en un futuro cercano los británicos puedan enviar un mensaje de texto a su actual compañía solicitando un código -un símil del “NIP” utilizado en México- que después enviarán también por SMS a su nuevo proveedor, quien deberá realizar entonces todos los demás movimientos técnicos para quedarse con ese consumidor móvil en un tiempo máximo de 24 horas hábiles. Todo sin pasar por el mostrador las telefónicas.

En esencia y practicidad, la intención de Ofcom con la portabilidad tiene mucho de lo aprendido por México y su regulador, el IFT, en la materia.

Ofcom quiere aprovechar la experiencia mexicana. Sabe que a los británicos el engorroso trámite de migrar de una a otra compañía telefónica les cuesta hasta 10 millones de libras esterlinas (US$12,7 millones) cada año y que el tiempo en concretar la portabilidad varía entre uno y otro proveedor.

El regulador británico además expone en su comunicación respectiva que el 38% de los 2.5 millones de usuarios que al últimas fechas portaron su número tuvieron, cuando menos, un problema en cambiar de compañía. Que un 11% tuvo que apersonarse en la ventanilla de su proveedor actual para realizar el trámite y que otro 10% enfrentó el riesgo de perder su número si migraba de telefónica.

Por todo ello es que la Ofcom lanzó su consulta para cambiar las reglas de la portabilidad en el Reino Unido, teniendo como ejemplo los logros conseguidos por la reforma mexicana de telecomunicaciones.

“Con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se ordenó que la portabilidad de los números debería realizarse en un plazo máximo de 24 horas a partir de la solicitud, fue necesario adaptar los procedimientos, lo cual incluyó, entre otros, utilizar el NIP de portabilidad y también para el caso del servicio fijo”, platica Javier Juárez Mojica, comisionado en el IFT. “Con las reglas modificadas, se permitió que el usuario directamente solicitara el NIP y además se habilitaron mecanismos alternativos para obtenerlo, por ejemplo, a través de una llamada telefónica (antes solamente era mensaje de texto SMS)”.

“Con mucho orgullo, ahora que vemos los esquemas que están adoptando en otros países, puedo señalar que México fue pionero en la utilización del código único para realizar la portabilidad y me refiero al NIP de portabilidad”, expone quien también fue el presidente del Comité Técnico de Portabilidad del 2007 al 2013, cuando se aprobaron las primeras definiciones que convirtieron a México en el primer país latinoamericano en el tema de la Portabilidad Numérica.

La Portabilidad Numérica, la misma que ha beneficiado a millones de mexicanos y redefinido el rostro del mercado móvil y fijo, que en el primer trimestre del 2015 fue llevada a controversia constitucional por el Senado de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un supuesto exceso de facultades por parte del IFT, ahora es ejemplo de México para el mundo en telecomunicaciones.