La Superintendencia de Sociedades explicó que la decisión se toma con base en la situación económica crítica que atraviesa la constructora brasileña, "que se resume en importantes disminuciones de sus activos, incremento de sus pasivos y patrimonios negativos".

El organismo encargado de la inspección, vigilancia y control de las empresas en Colombia decidió convocar a un proceso de liquidación judicial sobre la sucursal de la sociedad brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S. informó este jueves la entidad.

La liquidación judicial de una sociedad es un proceso que se adelanta ante un juez civil o ante la Superintendencia de Sociedades si es del caso, mediante el cual se pretende poner fin a la actividad comercial y a la representación jurídica de una empresa.

Mediante este procedimiento generalmente se busca convertir en dinero los bienes y activos de la empresa, para que puedan ser distribuidos entre los acreedores de forma garantizada o en últimas adjudicar estos, a fin de atender el pasivo hasta el monto total de los activos.

"La decisión se toma con base en la situación económica crítica que atraviesan las sociedades a la fecha, que se resume en importantes disminuciones de sus activos, incremento de sus pasivos y patrimonios negativos", dijo un comunicado de la Superintendencia de Sociedades.

Tanto la sucursal de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. como la sociedad Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S, dedicada a actividades de distribución de fondos, fueron sometidas a control de esta Superintendencia en 2017, en ejercicio de las facultades que tiene la entidad.

En Colombia, la firma de construcción pagó millonarios sobornos a cambio de contratos de infraestructura, según investigaciones de la Fiscalía General.

La compañía brasileña ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción en América Latina desde que reconoció en 2016 que sobornó a funcionarios en una decena de países.

La constructora recibió previamente millonarias multas y sanciones de tribunales y organismos de control por los sobornos pagados en Colombia, en una cadena que involucra a empresas nacionales y extranjeras, además de políticos y funcionarios, según la Fiscalía General.