El 31,6% (US$45 millones) de lo que exige la británica Rurelec PLC por la nacionalización de sus acciones en Guaracachi (US$142,3 millones) se refiere a daños y perjuicios.

El 2 de marzo, Rurelec informó que la indemnización “completa” que busca por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (50,001% del paquete accionario) alcanza a un monto de US$142,3 millones, “más los intereses” generados “hasta el pago total” de la indemnización.

Según la “Declaración de Demanda” presentada el 1 de marzo de 2012 por la firma que asesora a Rurelec en su proceso en contra del Estado boliviano (Freshfields Bruckhaus Deringer), el 31,6% de lo demandado corresponde a “daños diferenciados”.

El Acta de Constitución y Orden de Procedimiento N° 1 del proceso de arbitraje establecido en el Tribunal de La Haya indica que “el Demandado (el Estado boliviano) deberá presentar su Respuesta (a la petición de compensación de Rurelec) el 1 de agosto de 2012”.

Sobre esta demanda de compensación de Rurelec, el procurador General del Estado, Hugo Montero, dijo el 21 de noviembre de 2011 que “cada empresa, como en cualquier otra demanda ordinaria o notificación, siempre infla los montos (de indemnización)”.

Estrategia. El 17 de noviembre de 2010, la ex ministra de Defensa Legal del Estado y actual subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, ya había anunciado que Bolivia iría al arbitraje, porque existen las razones y documentación necesaria para “no pagarles lo que ellos (Rurelec) pretenden”.

“Por lo general, ninguna de las empresas (eléctricas nacionalizadas) ha cumplido con sus compromisos de inversión, por lo que sería vano reclamar el 100% de las mismas, es decir, lo que ellos pretenden”, remarcó.

El sábado, la Procuraduría informó, ante un cuestionario enviado por La Razón, que: “La diferencia entre la pretensión millonaria injusta de la empresa (Rurelec) y la posición del Estado es la brecha sustancial en esta controversia que será dilucidada a través de esta forma alternativa de solución. Existen medios y normas procesales para defender los intereses del Estado y por ende de todos los bolivianos”.

En noviembre, Rurelec PLC y su subsidiaria en Bolivia (Guaracachi América Inc.) designaron al abogado Manuel Conthe (España) como su representante en el proceso, mientras que Bolivia eligió a Raúl Vinuessa (Argentina). El juzgado está constituido también por Miguel Júdice (Portugal), como titular de la corte; y el primer presidente del Tribunal Permanente de Justicia Internacional es Gilbert Gillaume.

La compensación que demanda Rurelec será reinvertida en “activos de sustitución de generación de energía en América Latina”, señala el director ejecutivo de la empresa, Peter Earl.

Litigantes depositarán US$66.120 para proceso. Rurelec PLC y el Estado boliviano deberán depositar un monto de US$66.120 cada uno para asegurar el inicio del proceso arbitral que sostiene la firma británica por la nacionalización de sus acciones en Guaracachi.

“Con el fin de asegurar fondos suficientes para los gastos y honorarios del Tribunal, las partes establecerán un depósito inicial de 100 mil euros (US$ 131.128 por cada parte), que será depositado, dentro del plazo prudente (que será determinado por el Tribunal, después de consultar con las partes) que le permita al Estado tramitar el respectivo desembolso de fondos conforme procedimiento”, cita el Acta de Constitución y orden de Procedimiento N° 1.