El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha calificado la situación actual como un "inconveniente puntual" que "esperamos solucionar pronto", aunque no se ha retirado el preaviso de parar las obras el próximo día 20.
Madrid. El presidente de la constructora española Sacyr, Manuel Manrique, ha asegurado este lunes que la oferta por el contrato de ampliación del Canal de Panamá no fue "temeraria" y ha subrayado que las obras continuarán, ya que la compañía sólo contempla el escenario del acuerdo dentro del contrato.
La constructora Sacyr encabeza el consorcio que, junto con empresas de Italia, Bélgica y Panamá, anunció a finales de diciembre que el próximo 20 de enero paralizaría las obras de ampliación del Canal porque no puede asumir unos sobrecostes estimados en más de US$1.600 millones (unos 1.300 millones de euros).
En una rueda de prensa en Madrid para aclarar la postura de Sacyr, Manrique ha subrayado que sus reclamaciones son "justas, razonables y plenamente justificadas", y ha calificado la situación actual como un "inconveniente puntual" que "esperamos solucionar pronto", aunque no se ha retirado el preaviso de parar las obras el próximo día 20.
Manrique ha explicado que se han adoptado soluciones "necesarias, imprevisibles e inevitables" y que la compañía está "plenamente comprometida" con este proyecto y que cuenta con el apoyo unánime del consejo de administración de la constructora para continuar las obras y finalizarlas previsiblemente en 2015.
El presidente de Sacyr ha agradecido la postura de las autoridades españolas y panameñas para facilitar un acuerdo y ha añadido que este proceso, relevante en lo económico, no será determinante en el balance de la compañía y en su solvencia financiera.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) habla de unos sobrecostes totales estimados de US$1.625 millones y añade que desde marzo de 2010 ha informado de anomalías en los estudios del terreno que han generado un retraso de las obras y sobrecostes no previstos en el contrato.
Entre ellos cita nuevas fallas geológicas, diferentes características del terreno que no estaban contempladas en los estudios facilitados por la autoridad del canal, alteraciones en la disponibilidad del basalto necesario, demoras en la mezcla de cemento acorde o mayor dotación de materiales.
Manrique ha asegurado que ni Sacyr ni GUPC han "amenazado con nada" y que el consorcio ya ha acordado con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que las resoluciones se lleven a cabo mediante los mecanismos previstos en el contrato de forma que se pueda avanzar en los escenarios que ayuden a minimizar los tiempos de resolución del conflicto y mejorar los flujos de caja de la compañía.
Sobre las distintas posturas de los integrantes del consorcio GUPC, integrado además por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, Manrique ha señalado que es lógico que tengan opiniones diferentes en algunas estrategias aunque les une el objeto de su alianza, que no es otro que acabar el proyecto.
La Autoridad del Canal se mostró el martes pasado dispuesta a sacar un nuevo adelanto de US$100 millones, otorgar dos meses de moratoria al pago de un anticipo de 83 millones, y que el GUPC aporte otros 100 millones para evitar la paralización y garantizar los trabajos por los próximos "dos a cuatro meses".
"Hemos ido a Panamá para quedarnos", ha insistido el presidente de Sacyr, quien ha garantizado la continuidad de los trabajos iniciados por la compañía en Latinoamérica.
De momento, los socios han invertido US$280 millones adicionales para cubrir los sobrecostes originados por el proyecto, que GUPC se adjudicó en 2009 por US$3.118 millones.
La compañía asegura que una de las reclamaciones principales es la del basalto, que asciende a US$500 millones, así como que no se descarta llegar al arbitraje en algunos puntos del proyecto, avanzado en 70%.
