Incautación de vehículos y cancelación de licencias, son algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno para frenar la violencia y el desabastecimiento de alimentos por cuenta del paro camionero.

Este jueves el Gobierno advirtió del duro impacto del paro camionero en la economía de los hogares y en general del país. Es por esto, que el presidente Juan Manuel Santos anunció fuertes sanciones a los transportadores, que por vías de hecho, participen de bloqueos y de actos violentos en las vías.

El jefe de Estado apeló por salvaguardar la "seguridad alimentaria" y agregó que el Gobierno no va a permitir que los precios de alimentos suban permanentemente por cuenta de estas movilizaciones que cumplen 38 días. “Vamos a proteger el interés de todos los colombianos, sobre los intereses económicos de unos pocos. Es inaceptable que para levantar el paro se tenga que mantener un sistema de chatarrización que no es más que un foco de corrupción”. 

Criticó además la “cartelización” del precio de los fletes, que “fija precios y no permite la libre competencia” afectando a los pequeños trasportadores. “Esta corrupción la tiene identificada el Fiscal General quien anoche informó que va a proceder contra ellos”.

Declaró además que su Gobierno siempre ha sido respetuoso de la protesta social, pero ante los recientes focos de violencia, su administración no va a ceder ante las amenazas. “Si aceptamos las exigencias que están sobre la mesa, se suben un 10% los productos de la canasta familiar. Eso no lo podemos aceptar”.

Entre las duras sanciones contra los transportadores que continúen con los bloqueos está: la inmovilización e incautación de los vehículos que impidan el tránsito en las vías, se cancelará la licencia de conducción, la matrícula del automotor y la licencia de operación del propietario y/o empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos.

Asimismo, se habilitará temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga. Se establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.

Por último, con la militarización de las vías, en las que fueron desplegados 23.000 soldados y policías, el Gobierno busca asegurar el abastecimiento y evitar actos violentos, tras recientes choques de manifestantes y fuerza pública, que dejan un muerto y varios heridos, entre ellos el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

El paro, que se inició el 7 de junio, busca la puesta en marcha efectiva de un fondo de chatarrización, programas sociales para los conductores, seguridad en las vías, baja en el costo de peajes y combustibles.