Esto ante el fracaso del mecanismo establecido para la participación público-privada por el parlamento hace tres años y la caída en las inversiones en el sector.
Pasaron casi tres años desde que el parlamento uruguayo aprobó un mecanismo que se presentaba como novedoso y que para muchos integrantes del gobierno y el sector privado podía marcar una salida al déficit de la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. Sin embargo, la realidad demostró que los proyectos de participación público privada (PPP) no avanzaron como se esperaba por diversos motivos. Desde la puja de poder entre organismos del Estado, la falta de experiencia en cómo diseñar este tipo de instrumentos y la complejidad que demanda el proceso para definir si un proyecto es viable al amparo de ese instrumento.
Cuando el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley de participación público privada al Parlamento, instó a que tuviera un rápido trámite para comenzar a aplicarla de inmediato. “La calidad de los proyectos productivos que se instalen en el futuro y las nuevas oportunidades de trabajo dependen del desarrollo de la infraestructura”, advirtió en octubre de 2010 el por entonces ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Si bien el proyecto no salió con la velocidad que pretendía el gobierno, luego de una intensa negociación, se terminó votando a mediados de 2011. Posteriormente se le introdujeron modificaciones para corregir algunos defectos que tenía, como facilitar la participación de las AFAP para el proceso de financiamiento, pero no fue suficiente.
“Las PPP no fueron lo que nosotros esperábamos”, reconoció el ministro de Transporte, Enrique Pintado. El funcionario consideró que una de las causas del escaso avance obedece a que las empresas están acostumbradas “a contratar con el Estado”.
El sector privado tiene otra lectura. El director comercial de la constructora Saccem, Alejandro Ruibal, dijo a El Observador que la herramienta no funcionó en el caso de la infraestructura vial porque directamente “no salieron las licitaciones”. Agregó que la ley tiene “inconvenientes” que hay que terminar de “pulir”, pero remarcó que si no se avanza, es “difícil” dotarle mayor dinamismo. “Quizá el primer llamado no salga como se espera, pero se corrige y se mejora para el segundo y así sucesivamente”, explicó el empresario. A juicio de Ruibal, Uruguay “debe aprovechar” los proyectos PPP para adecuar su infraestructura vial y no se puede dar el lujo de “abandonarlo”. “La participación de los privados es la base para atender las obras de infraestructura que están proyectadas”, aseguró.
En concreto, hasta ahora solo salió una licitación PPP para construir una cárcel. Mientras que en el correr de este año podría quedar listo el pliego para el corredor de las rutas 21 y 24, pero su adjudicación recaerá en el próximo gobierno.
Interna difícil
Otra de las causas que pudo explicar el escaso avance de los proyectos PPP fue el relacionamiento entre las distintas reparticiones que participan del proceso. “Creo que hubo un trasfondo político. Una especie de recelo y resistencia a lo que hacía la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo) como organismo asesor de esos proyectos”, explicó una fuente. En particular, del ministerio de Transporte. Además, el largo proceso de análisis y viabilidad de un proyecto PPP exige la intervención del ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dos organismos que han mantenido más de una diferencia política y técnica sobre el abordaje de distintos temas del gobierno.
A juicio del experto en proyectos PPP, Fernando Jiménez de Aréchaga –socio senior del estudio JDEVB–, con esta herramienta hubo una “suerte de expectativa desmedida. Las PPP no hacen magia y su implementación depende de personas. Es un mecanismo complejo que requiere mucha pericia de los funcionarios públicos”, reconoció.
En tanto, para el socio del estudio Guyer & Regules, Nicolás Piaggio, el diseño original de la ley –que limitaba la participación de las AFAP como financiadores de los proyectos– también pudo demorar la dinámica de los PPP. En la última Rendición de Cuentas, se habilitó a que las AFAP puedan comprometerse a futuro con los PPP, sea obligándose a adquirir valores a emitirse en el futuro por entidades públicas o privadas uruguayas, o por fideicomisos o fondos de inversión. Este cambio legal no habilita a que las AFAP puedan desembolsar sus fondos para el inicio de un proyecto PPP, pero sí a financiar las etapas posteriores que también requieren recursos.
