Según la comisión del Senado, el Congreso es quien debe autorizar el proyecto de construcción de la nueva central del río Paraná, ubicado en territorio paraguayo y no la EBY.

Paraguay. El Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no tiene atribuciones como para obligar al Estado a avalar un proyecto como el de una central en el brazo Aña Cua, advirtió un asesor de la Comisión Especial del Senado que analizó el Acta de Entendimiento.

Según la comisión del Senado, el Congreso es quien debe autorizar el proyecto de construcción de la nueva central en el brazo Aña Cua del río Paraná, ubicado en territorio paraguayo.

La EBY es una empresa concesionaria del Estado paraguayo para la explotación de su energía, según lo previsto en el artículo 112° de la Constitución Nacional. Por eso, es el Congreso y no el Consejo de la EBY el que debe autorizar la construcción de un nuevo emprendimiento en territorio nacional, como lo es la central hidroeléctrica sobre el brazo Aña Cua.

Así lo entiende el ingeniero Germán Escauriza, uno de los asesores de la Comisión Especial de Seguimiento al acuerdo sobre Yacyretá de la Cámara de Senadores, que la semana pasada entregó su informe final para ponerlo a consideración del pleno.

La comisión, integrada por los senadores Miguel Abdón Saguier, presidente; Eduardo Petta, vicepresidente; Miguel López Perito, relator; Arnoldo Wiens, Desirée Masi y Fernando Lugo Méndez como miembros, sostiene que “el inicio de las obras en el brazo Aña Cua del río Paraná sin pasar por el Congreso es enteramente ilegal e inconstitucional, ya que requiere ratificación parlamentaria por tratarse de una modificación del Anexo B del Tratado de Yacyretá”.

Agregan que toda nueva obra hidroeléctrica con Argentina debe plantearse con posterioridad a una resolución plena y completa de todo lo cuestionado en relación a los derechos paraguayos, que fueron postergados en los 40 años que rigió el tratado.

Al respecto, el ingeniero Escauriza insistió en que no hubo transparencia en el acuerdo firmado por los presidentes Cartes y Macri respecto a las cuentas de la EBY.

“El Estado paraguayo tiene la atribución soberana de verificar los registros de la EBY que están siendo cercenados por las autoridades de la binacional y de la ANDE”, señaló.

El especialista afirmó que se quiere ocultar lo robado escondiendo documentos administrativos o registros contables. “No existe otro motivo para no querer transparentar, y la confirmación de que hubo robo en Yacyretá es la serie de acusaciones sobre De Vido en Argentina”, dijo.

El problema de fondo en Yacyretá es que no existe un plan para utilizar toda la energía que le corresponde al Paraguay y la ANDE no tiene previsto inversiones para ello, indicó el exdirector de la EBY,Enrique Cáceres Rojas.

“Si existiera un plan energético para usar toda la energía, hace tiempo se debía invertir en construir la infraestructura necesaria para traer toda la producción que nos corresponde y dejar de cederla a Argentina”, señaló.

Según su opinión, en el reciente acuerdo, no se tuvo en cuenta este aspecto y es evidente que sólo se buscó satisfacer las exigencias argentinas, de ahí el apuro para licitar las obras en Aña Cua antes que prever el refuerzo de nuestra infraestructura eléctrica.