Jindal Steel & Power Limited ha considerado que sólo un arbitraje puede resolver el problema contractual que sostiene con el Estado de Bolivia, en cuyo proceso se acusa a la compañía de incumplir con las inversiones comprometidas.
La estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) informó este sábado que los datos preliminares de la auditoría a las inversiones de la india Jindal en el proyecto de explotación de hierro del Mutún, no superaron los US$10 millones de los US$600 millones comprometidos para una primera etapa.
"Por los datos extraoficiales que tengo, esa inversión de Jindal no llega ni a US$10 millones", afirmó el presidente de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Ricardo Cardona, a los medios estatales.
La compañía ESM instó a los ejecutivos de la empresa india a elegir la vía pacífica para salir del país, sin juicios ni reclamos económicos.
"En esta controversia, creo que a la Jindal lo único que le conviene es retirarse sin ningún reclamo, y en forma pacífica", manifestó Cardona.
De seguir la vía amigable, el Estado otorgará a la firma india un certificado de buena conducta, documento "que es importante para una empresa internacional".
La empresa Jindal Steel & Power Limited consideró días atrás que sólo un arbitraje, antes que la vía judicial, puede resolver el problema contractual que sostiene con el Estado de Bolivia, en cuyo proceso se acusa a la compañía por haber incumplido con las inversiones comprometidas en el proyecto del Mutún.
El abogado de esa empresa de origen indio, Jorge Valda, justificó su postura porque existe un contrato firmado con la estatal ESM.
El fiscal Aldo Ortiz que lleva el caso contra la Jindal, explicó que la ilegalidad que cometió la empresa se dio en el momento en que incumplió el contrato.
El Ministerio Público inició en mayo de este año una investigación en contra de los ejecutivos de la compañía india por ser los presuntos responsables del delito de incumplimiento de contrato en el proyecto siderúrgico del Mutún.
La filial boliviana de la siderúrgica india ingresó al país con el contrato de riesgo compartido que firmó con ESM en 2007.
El compromiso estipulaba una inversión de US$2.100 millones en siete años, pero para los primeros dos se debían invertir 600 millones, respaldados por boletas de garantía de ejecución.
En dos ocasiones la estatal ESM ejecutó boletas de garantía, en cada año US$18 millones, ambas suman 36 millones.
Por la primera ejecución Jindal Steel inició un arbitraje en la Corte Internacional de París. La segunda generó airadas respuestas y el inicio del proceso de conclusión del contrato.
El 17 de septiembre, el abogado defensor de la JSB anunció a los medios de comunicación que su cliente pedirá la sumatoria de todo lo invertido y de lo que se dejó de percibir, cifra que alcanza los US$400 millones.
