Grupo Cementos Chihuahua (GCC) y Soboce definieron un plazo para llegar a un acuerdo con el gobierno boliviano sobre el pago por el 33,34% de las acciones que tenían en Fancesa y que fueron nacionalizadas en favor de la gobernación boliviana de Chuquisaca.
Grupo Cementos Chihuahua (GCC) y Soboce definieron un plazo para llegar a un acuerdo con el gobierno boliviano sobre el pago por el 33,34% de las acciones que tenían en Fancesa y que fueron revertidas a la Gobernación de Chuquisaca.
Así lo informó este miércoles el socio principal de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Samuel Doria Medina, quien no dio a conocer de cuánto tiempo significa el plazo prudencial establecido y mencionó que luego de ese lapso se asumirán acciones que serán informadas por ambas partes.
Los inversionistas bolivianos y mexicanos contrataron a la Consultora Celfin Capital para que realice la valuación de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), la que determinó que el valor asciende a US$280 millones y el paquete nacionalizado es de US$93 millones. El 23 de febrero, el director de Planeación de la GCC, Jaime Fernández, pidió al Gobierno el pago del monto mencionado por el 33,34%.
Doria Medina dijo que se encuentra en el país un ejecutivo del GCC, quien se reunirá en los próximos días con autoridades del Gobierno sobre la nacionalización de las acciones de Soboce en Fancesa.
“Los empresarios (mexicanos) están admirados porque cuando llega el plazo para que se haga el pago que corresponde aparece cada rato un nuevo juicio cuando lo correcto era cumplir con el Decreto Supremo 616 y pagar las obligaciones que tiene la Gobernación (de Chuquisaca) con Soboce”, sostuvo el empresario.
Según la Dirección de Comunicación de la Procuraduría General del Estado, el GCC no solicitó hasta el momento ninguna audiencia al titular de dicha institución, Hugo Montero, para dialogar sobre el tema.
Procesos. El principal accionista de Soboce ya tiene un proceso judicial seguido por el municipio de Sucre y otro que se anunció el lunes. El primero está relacionado por un supuesto daño económico de $us 100 millones por un convenio firmado con la Universidad San Francisco Xavier que le concedió la administración de Fancesa por el lapso de 10 años. La segunda demanda civil, que iniciarán los copropietarios de Fancesa (Gobernación, Universidad y Municipio de Sucre), sería por un daño económico de Bs 98 millones.
El director de Fancesa por la Gobernación, Anatoly Flores, dijo que Soboce utilizó las acciones de Fancesa para prestarse de tres bancos Bs 98 millones y con ese dinero la cementera paceña firmó cinco contratos que beneficiaron a la planta de Viacha. Al respecto, Doria Medina rechazó la acusación realizada por Flores y aclaró que las acciones efectuadas ante los bancos fueron legales durante el tiempo que estuvo al frente de Fancesa. “Si fuera algo ilegal, ¿los bancos prestarían dinero? Todos sabemos que cuando uno se va a prestar al banco dinero, el banco es muy cuidadoso”, manifestó el empresario. Y añadió: Soboce ha hecho operaciones “con sus propiedades y eso no afectó a otras empresas”.
El decreto 616 ya fija un plazo. El 1 de septiembre del 2010, el gobierno nacionalizó el 33,34% de las acciones que Soboce tenía en Fancesa y las transfirió a la Gobernación de Chuquisaca, mediante Decreto 616.
Además, se determinó compensar a Soboce por las acciones nacionalizadas en un lapso de 180 días previa valoración de éstas, plazo que concluyó el 1 de marzo.
Grupo Cementos Chihuahua tiene el 47% de las acciones en Soboce y el resto corresponde a inversionistas bolivianos.
Doria Medina: Inspección no halló nada. La inspección laboral realizada el lunes por funcionarios del Ministerio de Trabajo a la planta de Cemento de Viacha (La Paz), de propiedad de Soboce, no encontró ninguna irregularidad en cuanto a la seguridad ocupacional e industrial.
Así lo informó ayer el principal socio de Soboce, Samuel Doria Medina, quien manifestó que la empresa cementera continuará trabajando para abastecer de cemento al mercado interno.
“Si quieren congelar las cuentas (de Soboce) y hacer una serie de acciones para paralizarnos nos acercan al riesgo, pero nosotros estamos trabajando. Y si es necesario prestarnos dinero para seguir operando, lo vamos a hacer”.
La Razón se comunicó con Asesoría de Comunicación del Ministerio de Trabajo para conocer el resultado de la inspección, pero se informó que el reporte será dado a conocer hoy.
Doria Medida dijo que “Soboce es una empresa que cumple las leyes, es transparente y se ha podido ver que no han encontrado nada incorrecto. Más bien han podido encontrar que los propios trabajadores están contentos de la seguridad industrial, el trato que tienen, de lo que ganan y dicen que es el mejor lugar para trabajar”, manifestó.
El lunes, el ministro de Trabajo, Félix Rojas, explicó que las primeras medidas que se aplicarán tras la inspección serán de carácter preventivo en caso de que existan falencias técnicas, y luego del plazo otorgado para que se realicen las enmiendas se aplicarán las sanciones legales. En la inspección realizada a la fábrica también se pudo verificar los niveles de luminosidad y el efecto de la temperatura que pudiera haber en la polución.