La compañía, controlado por el Grupo México, tenía previsto para el 19 de abril una audiencia pública para presentar a las comunidades su plan ambiental del proyecto cuprífero Tía María.
Lima. La minera peruana Southern Copper, una de las mayores productoras mundiales de cobre, solicitó al gobierno la postergación de una cita clave con las comunidades para desarrollar su proyecto cuprífero Tía María en el sur de Perú, en medio de protestas contra la compañía por los temores de que afecte los recursos hídricos.
Southern Copper, controlado por el Grupo México, tenía previsto una audiencia pública para presentar su plan ambiental a las comunidades el 19 de abril, pero manifestantes de las zonas aledañas a su proyecto han protestado contra la firma.
Esta es la segunda postergación de la audiencia pública. En febrero se postergó una primera reunión y en agosto del año pasado se interrumpió la presentación del plan ambiental cuando comuneros lanzaron sillas y mesas.
La firma explicó que pidió la cancelación de la audiencia al Ministerio de Energía y Minas por "los continuos actos ilegales promovidos" y luego que el alcalde provincial de Islay, donde se ubica el proyecto, inhabilitó el uso del local designado para la audiencia pública.
Ahora el ministerio deberá fijar una nueva fecha.
El proyecto Tía María, actualmente el más importante de Southern Copper en Perú y que contempla una inversión de US$934 millones, elevaría la producción de la firma en 120.000 toneladas anuales desde fines del 2011.
Los pobladores de las comunidades adyacentes han protestado porque temen que la utilización de las aguas de dos ríos de la zona los deje sin el recurso para sus cultivos.
La empresa ha afirmado que utilizaría aguas subterráneas de la región sin afectar los cultivos y que construiría una represa, sin descartar la posibilidad para desalinizar el agua del mar.
Asimismo, el gobierno ha defendido el proyecto y ha afirmado que no usará las aguas de las comunidades ni contaminará la zona.
Southern opera las minas de Toquepala y Cuajone y la refinería de Ilo en Perú, mientras que en México controla los yacimientos La Caridad y Cananea, este último cerrado desde hace más de dos años por una huelga de trabajadores.
