El BNDES, que asesora el proceso de privatización, afirmó que no recibió ninguna orientación del Ministerio de Minas y Energía que altere la realización de la subasta de Amazonas Energia, prevista para el 25 de octubre.
Río de Janeiro. El gobierno federal no ha desistido de realizar la subasta de privatización de la distribuidora de energía de Eletrobras en el Amazonas la próxima semana, aunque el Senado rechazó este martes un proyecto de ley que ayudaría a la viabilidad de la venta, dijeron a Reuters dos fuentes cercanas al proceso.
El proyecto de ley era importante para solucionar pasivos de las distribuidoras junto a fondos del sector eléctrico. Como Amazonas Energía es la más deficitaria de las distribuidoras, acumulando pérdidas millonarias, el proyecto de ley era visto como fundamental para aumentar el interés en la unidad.
"Estamos pensando en mantener la subasta", dijo este miércoles una persona cercana al tema en la condición de anonimato.
"Hay interesados incluso sin el proyecto de ley", agregó la fuente, sin citar qué inversores podrían hacer ofertas por la distribuidora amazónica.
La decisión del Senado afectó negativamente a las acciones de Eletrobras este miércoles. La acción preferencial cerró con una caída del 5,38%, tras caer más del 10% en el inicio de la jornada.
El BNDES, que asesora el proceso de privatización, afirmó que no recibió ninguna orientación del Ministerio de Minas y Energía que altere la realización de la subasta de Amazonas Energia, prevista para el 25 de octubre.
Eletrobras afirmó en un comunicado que está "evaluando los efectos de tal rechazo (del proyecto) para el Plan de Negocios en curso".
La empresa dijo además, tras ser cuestionada, que hasta el momento no hay ninguna nueva información acerca de eventual cambio en la fecha de la subasta.
Una segunda fuente, también cercana al proceso, afirmó a Reuters que "análisis están siendo hechos por Eletrobras" para encontrar caminos para la solución de la venta de la empresa de energía de Amazonas, y un pequeño ajuste en el edicto no estaría descartado.
En la víspera, el Ministerio de Planificación alertó que, si la venta de las distribuidoras no ocurre, "el camino natural es la disolución de las compañías", lo que puede generar costos multimillonarios.
"En el caso de la disolución de la distribuidora de energía de Amazonas, el costo de liquidación que podrá ser soportado por Eletrobras pasa de 13.000 millones de reales (US$3.499 millones), sin tener en cuenta todos los pasivos posibles (no provisionados)", afirmó el ministerio.
La cartera afirmó además que el costo de liquidación de la distribuidora en Amazonas perjudicaría el proceso de reanudación de Eletrobras y su capacidad de inversión en el corto y mediano plazo, pudiendo aún traer efectos directos a la caja.
Eletrobras ya ha vendido cuatro distribuidores este año. Además de la unidad del Amazonas, falta vender la de Alagoas, cuya privatización está suspendida por una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).
El ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun, admitió este miércoles que el rechazo fue "un gran revés" y que el Ministerio de Minas y Energía deberá expresar cuál solución que el gobierno entiende más correcta para esa situación.
La estatal ya vendió sus distribuidoras en Acre y en Rondônia, compradas por Energisa, y en Roraima, adquirida por Oliveira Energia.
La unidad en Piauí, la Cepisa, fue adquirida por la Ecuatorial Energia, que afirmó que asumió este miércoles la concesión para distribuir energía eléctrica en el Estado.
El grupo ecuatorial dijo que prevé el aporte inicial de al menos 720 millones de reales (US$193 millones) en la empresa.
Déficit hídrico. La frustración en la aprobación del proyecto en el Senado también reduce expectativas de agentes del sector eléctrico sobre el acuerdo para cerrar una guerra judicial en que empresas cuestionan reglas del llamado riesgo hidrológico en la operación de hidroeléctricas.
La brecha en el mercado de energía por el riesgo hidrológico, que está en torno a 9.000 millones de reales (US$2.422 millones), puede llegar a 13.000 millones de reales (US$3.499 millones) al final del año si no hay una solución para el tema, informó anteriormente la Cámara de Comercialización de Energía (CCEE).
