Chevron Argentina e Ing. Norberto Priú argumentaron en su descargo que Chevron Corp, objeto de la causa en Ecuador, no es dueña directa de activos en el país sudamericano.

Buenos Aires. Dos unidades de la petrolera estadounidense Chevron en Argentina apelaron este viernes un embargo de activos en el país por hasta US$19.000 millones relacionado con una causa por contaminación en la amazonía ecuatoriana, dijo la compañía.

Las subsidiarias, Chevron Argentina e Ing. Norberto Priú, argumentaron en su descargo que Chevron Corp, objeto de la causa en Ecuador, no es dueña directa de activos en Argentina.

"Todas las operaciones en Argentina son conducidas por subsidiarias que no tienen nada que ver con el fraudulento juicio en Ecuador", dijo un portavoz de Chevron Corp a través de un correo electrónico.

La causa se basa en un reclamo de grupos indígenas ecuatorianos, que lograron un fallo favorable en su país y pidieron el embargo en Argentina para poder lograr un resarcimiento de la compañía estadounidense, que prácticamente no tiene propiedades en Ecuador.

El juez argentino, Adrián Elcuj Miranda, dictó el miércoles un embargo sobre la totalidad de las acciones de Chevron Argentina, sus dividendos, una participación minoritaria en un oleoducto, y el 40% de sus ventas de petróleo.

"Los abogados de los demandantes no tienen derecho legal de embargo de bienes de subsidiarias en Argentina y no se debe permitir que interrumpir la búsqueda de Argentina de sus importantes recursos energéticos", agregó el portavoz de Chevron.

El pedido de embargo se realizó en Argentina bajo el amparo de un acuerdo judicial regional -la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares en el Extranjero- al que suscribieron Quito y Buenos Aires, y que rige la cooperación judicial entre los países de la región.

"Esperamos que el intento de Chevron para bloquear la orden de embargo fracase", dijo en un comunicado Karen Hinton, portavoz de los demandantes en Estados Unidos.

Las comunidades indígenas acusaron a la petrolera Texaco de verter aguas contaminadas en su territorio y provocar daños en la salud de sus habitantes durante su operación en el país andino en las décadas de 1970 y 1980. Esa compañía fue adquirida posteriormente por Chevron.

Chevron ha negado las acusaciones y asegura que cumplió con un plan de remediación ambiental que fue aprobado por la estatal Petroecuador. Además asegura que el juicio en Ecuador es producto de un "fraude" y por lo tanto es ilegítimo.

Los grupos indígenas también han llevado el caso a Canadá y Brasil y planean presentar demandas en Europa, Asia y Oceanía, donde ya contrataron estudios jurídicos. Otro pedido de embargo fue hecho en Colombia.