El primer ministro Boris Johnson pretende usar el anuncio para elevar las credenciales medioambientales de Reino Unido después de que despidió al director de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU que albergará Glasgow en noviembre, conocida como la COP26.
Londres. Reino Unido prohibirá la venta de automóviles nuevos de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035, cinco años antes de lo previsto, en un intento por reducir la contaminación del aire que podría poner fin a más de un siglo de dependencia de los motores de combustión interna.
La iniciativa significa una victoria para los autos eléctricos y, si es replicada a nivel mundial, podría afectar a la riqueza de los productores petroleros, además de transformar la industria automotriz y uno de los iconos del capitalismo del siglo XX: el automóvil en sí mismo.
El primer ministro Boris Johnson pretende usar el anuncio para elevar las credenciales medioambientales de Reino Unido después de que despidió al director de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU que albergará Glasgow en noviembre, conocida como la COP26.
"Tenemos que ocuparnos de nuestras emisiones de CO2", dijo Johnson en un acto de lanzamiento de la COP26 en el Museo de la Ciencia de Londres. "Como país y como sociedad, como planeta, como especie, debemos actuar ahora".
El gobierno dijo que, bajo consulta previa, adelantará a 2035 el fin de la venta de nuevos autos y furgonetas a gasolina, diésel e híbridos, o más pronto si es posible realizar una transición más rápida.
Países y ciudades de todo el mundo han anunciado planes para reducir el parque de vehículos diésel tras el escándalo de emisiones de Volkswagen en 2015, mientras que la Unión Europea está introduciendo reglas más estrictas sobre el dióxido de carbono.
Aunque la demanda de vehículos eléctricos ha aumentado en Reino Unido, el segundo mercado más grande de Europa de autos nuevos, los modelos diésel y de gasolina siguen representando el 90% de las ventas. Potenciales compradores de modelos más ecológicos están preocupados por la limitada disponibilidad de puntos de recarga, la autonomía y el coste.
El gobierno anunció el año pasado una partida extra de 2,5 millones de libras esterlinas (US$3,25 millones) para financiar la instalación de más de 1.000 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en calles residenciales.
