Conflicto surge por licitación de la frecuencia AWS, banda ideal para utilizar tecnología 4G, y entidad que debe administrarla.

Guatemala. En manos de los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas y de Probidad y Transparencia del Congreso de Guatemala recaerá el análisis jurídico y acciones para desenredar la discrepancia entre la empresa Guatel y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) sobre quién debe administrar el espectro radioeléctrico.

La mesa técnica que se estableció a raíz del entrampamiento legal de la subasta para otorgar la frecuencia AWS, banda ideal para utilizar tecnología 4G, concluyó que Guatel no puede ser administradora de la subasta por ser un proveedor de servicios, además de que en 1997 la Corte de Constitucionalidad determinó que la Ley de Telecomunicaciones derogó la de Guatel.

Otra de las conclusiones es que la SIT tampoco posee la fuerza para ser administradora de la licitación, porque no es un ente descentralizado y autónomo.

Por lo anterior, Carmen Aída Ibarra, integrante de la mesa y representante del Movimiento Pro Justicia, informó que recomendaron a las comisiones la posibilidad de reformar o crear una nueva Ley de Telecomunicaciones, para fortalecer a la institución.

El diputado Luis Contreras, miembro de la Comisión de Comunicaciones, afirmó que recibieron el documento y lo analizarán. Sin embargo, señaló que a pesar de que puede ser una buena iniciativa, la solicitud podría retrasar el dictamen.

En varias ocasiones se solicitó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) información sobre el análisis que realizó el departamento jurídico en relación con el proceso de consulta  a la Corte de Constitucionalidad por la discrepancia legal que existe entre la SIT y Guatel sobre quién debe administrar la licitación de la frecuencia AWS.

El proceso de consulta debe ser enviado a través del CIV al presidente Jimmy Morales, para que por medio del Ejecutivo se traslade a la Comisión de Comunicaciones.

Sin embargo, las autoridades del CIV no han respondido  llamadas ni mensajes para determinar en dónde se encuentra el documento.