El 13 juzgado federal de Curitiba explicó que la medida permite al juez Sergio Moro, responsable por el proceso, acceder a las cuentas bancarias de los detenidos, entre los cuales se encuentra un ex director de Petrobras y ejecutivos de algunas de las más importantes constructoras del país.
Río de Janeiro. Un juez brasileño determinó este martes la suspensión del sigilo bancario y fiscal de 16 de los 23 ejecutivos detenidos el pasado viernes en desarrollo de un gigantesco escándalo de corrupción en el seno de la petrolera estatal Petrobras, informaron fuentes oficiales.
El 13 juzgado federal de Curitiba explicó que la medida permite al juez Sergio Moro, responsable por el proceso, acceder a las cuentas bancarias de los detenidos, entre los cuales se encuentra un ex director de Petrobras y ejecutivos de algunas de las más importantes constructoras del país, como Queiroz Galvao, Camargo Correa, Mendes Júnior, OAS, Iesa, UTC Participacoes y Engevix.
La medida afecta al ex director de Servicios de Petrobras Renato Duque, acusado de recibir sobornos dirigidos a partidos políticos a cambio de la adjudicación de contratos de la petrolera estatal a las constructoras, que eran facturados por un precio muy superior al inicialmente acordado.
El Banco Central también tendrá que localizar y enviar a la Justicia los extractos de las cuentas bancarias de destacados ejecutivos como Joao Ricardo Auler, presidente del Consejo de Administración de la constructora Camargo Correa; Ildefonso Colares Filho, director presidente de la constructora Queiroz Galvão; Sérgio Cunha Mendes, director de Mendes Júnior, y Agenor Franklin Magalhães, director de la OAS.
Algunos de los ejecutivos presos ya admitieron en interrogatorios ante la Policía Federal que pagaron sobornos a funcionarios que formaban parte de la red de corrupción enquistada en Petrobras y que fue descubierta por la llamada operación "Lava Jato".
Esta operación fue lanzada en marzo pasado y ha permitido el arresto de dos exdirectivos de Petrobras y de ejecutivos de varias empresas acusados de haber montado una red de corrupción para desviar recursos de la petrolera estatal para la financiación de partidos políticos aliados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Según las investigaciones, la red de corrupción movió entre 2006 y 2014 unos 10.000 millones de reales (unos US$3.850 millones) en sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras.
Los contratos de las nueve empresas investigadas con Petrobras suman cerca de 59.000 millones de reales (unos US$23.600 millones).
Parte de las investigaciones se basan en declaraciones del exdirector de Abastecimiento de la empresa Paulo Roberto Costa, arrestado al comienzo de la operación y quien ha aceptado colaborar con la Justicia a cambio de una reducción de pena.
Según las declaraciones de Costa, el 3% de todos los contratos del área de Abastecimiento se dedicaba a financiar a partidos políticos oficialistas.
El escándalo fue uno de los principales asuntos de debate en la campaña presidencial de octubre pasado y tiene en la mira al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, reelegida para un nuevo mandato de cuatro años.
Además de suspender el sigilo bancario de 16 ejecutivos, el juez responsable por el proceso autorizó una inspección en las cuentas bancarias de tres empresas: D3TM Consultoria e Participações, Hawk Eyes Administração de Bens y Technis Planejamento e Gestão em Negócios.
Petrobras, la mayor empresa de Brasil y controlada por el Estado, anunció la víspera haber adoptado 66 medidas de control interno para incorporar buenas prácticas de gestión e investigar el alcance del escándalo de corrupción.
Rousseff asegura que el escándalo es el "primero" realmente investigado en la historia del país y que puede "cambiar Brasil" ya que supone el "fin de la impunidad".
