La abultada sanción fue aplicada tras constatar el organismo fiscalizador que hubo una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar entre los años 2010 y 2011.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile anunció este martes la aplicación de una histórica multa por un valor de US$164 millones a los implicados en el caso llamado "sociedades Cascadas", entre ellos, Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet.

La abultada sanción fue impuesta tras constatar el organismo fiscalizador que hubo una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar entre los años 2010 y 2011.

Las "Cascadas" son cuatro sociedades de inversión a través de las cuales el empresario Julio Ponce Lerou -sobre el que recayó una multa de US$70 millones- controla Soquimich, la mayor empresa minera no metálica del mundo.

Tras formular cargos y realizar una amplia investigación la Superintendencia decidió sancionar a personas relacionadas a las sociedades Cascada; así como también a la corredora de bolsa Larraín Vial S.A. y a ejecutivos vinculados con esta intermediaria.

Luego de las formulaciones de cargos, el procedimiento administrativo que llevó adelante la SVS contempló la recepción de los descargos de las partes involucradas y, posteriormente, un período probatorio en el que se recibieron los antecedentes y testimonios que aportaron los involucrados.

Del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles, la SVS constató la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose la existencia de un esquema coordinado de operaciones.

"Este esquema benefició directa y económicamente al presidente de las Sociedades Cascadas, señor Julio Ponce Lerou, y a personas cercanas a él, que participaron de diversas formas en dicho esquema, a través de sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales", señaló la Superintendencia.

"Todo en desmedro económico y contra el interés social de las Sociedades Cascadas, las que, además, tenían otros inversionistas como los fondos de pensiones y fondos de inversión", agregó la SVS.

Las diversas actuaciones realizadas por las Sociedades Cascadas permitieron concluir a la SVS que su controlador, Julio Ponce Lerou, "no sólo ejercía una influencia significativa sobre ellas, sino que directamente las gestionaba, para lo cual implementó una administración altamente unipersonal, replicando incluso a los miembros de la administración en sus sociedades particulares".

"Esta situación se verificó independientemente que, en lo formal, cada una de las Sociedades Cascadas tenía su propio directorio.

Según la indagación, en ese proceso Ponce Lerou contó con la colaboración de altos ejecutivos de las sociedades, como Aldo Motta Camp y Patricio Contesse Fica, "quienes se encargaron de llevar a la práctica sus directrices".

Entre los años 2008 a 2011, las Sociedades Cascadas realizaron una serie de operaciones, tanto de inversión como de financiación, que tuvieron por objetivo dejar disponibles importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, para luego, recomprar esos títulos a precios mayores a los de su venta inicial.

En esas transacciones también participaron sociedades controladas por Roberto Guzmán Lyon, Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc Matthaei.

Las transacciones reportaron a todos los involucrados elevadas ganancias, en desmedro de los cotos que debieron asumir las sociedades Cascadas.

"La SVS pudo establecer que dicho sobre costo no puede ser atribuido a malas decisiones de negocios, sino que fue resultado directo de la gestión que se hizo de aquellas sociedades (...) en las cuales se privilegió el interés particular del controlador, Julio Ponce Lerou, quien obtuvo importantes beneficios a partir de estas operaciones".

El Superintendente Carlos Pavez explicó que tras una extensa investigación se había llegado "a la convicción de que los sancionados infringieron consistente y reiteradamente la ley "a través de un esquema de operaciones que beneficiaron a un grupo de accionistas en desmedro de otros".

Agregó que "en un mercado de capitales que cada día es más profundo, quienes participaron de este esquema dañaron los principios básicos sobre los que se funda el mercado de valores: la fe pública, la confianza, la transparencia y el buen gobierno corporativo".