Aún para los ricos parámetros de la región, el valle del río Tapajós es un área de extrema diversidad biológica. De las 1.837 de especies de aves encontradas en Brasil, 613 vienen del Tapajós.
Por Carlos Juliano Barros y la colaboración de Sude Branford. Quien sube a un barco y navega los 851 kilómetros de aguas verdosas del Tapajós, que atraviesa de arriba a abajo el oeste del Pará, no es raro que se encuentre con marsopas y aves buceando, además de un paisaje natural que quita el aliento, cubierto por un mosaico compuesto por reservas forestales y tierras indígenas. Sin embargo, un amplio abanico de obras -que van desde hidroeléctricas, carreteras, hidrobias, puertos fluviales hasta proyectos de minería- puede rediseñar en un corto espacio de tiempo los rasgos de ese que es uno de los más bellos ríos del Amazonas.
Aún para los ricos parámetros de la región, el valle del río Tapajós es un área de extrema diversidad biológica. De las 1.837 de especies de aves encontradas en Brasil, 613 vienen del Tapajós. Una de ellas, un pájaro llamado ermitaño del Tapajós (Phaethornis aethopyga), fue catalogada sólo en el 2009. Muchos de los pájaros presentan baja densidad poblacional, lo que los hace vulnerables a los cambios ambientales. La presencia del río es una de las razones para tamaña diversidad. El rio actúa, según los biólogos, como una barrera contra la dispersión. Eso explica también la riqueza de mamíferos: 161 especies son encontradas en la región (el total en Europa es de 222).
“El Tapajós, aquí en el oeste del Pará, es un verdadero El Dorado”, define el padre Edilberto Sena, representante del Movimiento Tapajós Vivo, que reúne una serie de organizaciones de defensa del medio ambiente y de derechos humanos. “Tenemos mucha agua, madera y diversos tipo de minerales. Toda esa riqueza ha atraído la atención de muchas empresas. Pero es el propio gobierno federal quien protagoniza la devastación.”
Sin ninguna duda, el proyecto con potencial de provocar los mayores impactos sociales y ambientales es el llamado Complejo Hidroeléctrico de Tapajós, un conjunto de siete usinas que pueden generar hasta 14 mil mega watts -la misma capacidad de la faraónica usina binacional de Itaipu, erguida durante la dictadura militar en la frontera de Brasil con Paraguay.
Los estudios de viabilidad conducidos por la estatal Eletrobras para otorgar las licencias de dos de ellas -Jatobá y Sao Luiz do Tapajós- ya están en marcha. Por ahora, el costo para erguir las dos represas está estimado en R$23 mil millones. Y el gobierno federal no esconde su apuro: en 2014, espera licitar por lo menos la construcción de San Luiz del Tapajós y prevé que las dos usinas estén en funcionamiento hasta el 2019.
Por lo menos 2,3 mil personas de 32 comunidades ribereñas serán directamente afectadas si los siete emprendimientos son llevados a cabo. Otras 16 aldeas indígenas de la etnia Munduruku también tendrán parte de sus territorios inundados por los reservatorios que serán formados por las represas. Los datos son de la Eletronorte, subsidiaria de la Eletrobras. Los estudios para la construcción de las fábricas han sido realizados sin consultar a las poblaciones afectadas, lo que provocó una disputa judicial que parece no tener fecha para terminar.
La energía de esas nuevas hidroeléctricas tiene por lo menos un objetivo claro: grandes proyectos de explotación de minerales en el Pará, como oro y bauxita -la materia prima del aluminio. La compañía norteamericana Alcoa, por ejemplo, inició hace tres años la operación de un yacimiento de bauxita en el municipio de Juruti, en el extremo oeste del Pará, y ya tiene planes de construir una planta de beneficiamento que va a necesitar de bastante electricidad. La Votorantim está levantando una industria del mismo tipo en el municipio de Rondon de Pará. La noruega Hydro también extrae bauxita al este del estado.
Además de ser considerada la última gran frontera energética y mineral del Amazonas, la región bañada por el río Tapajós tiene otro considerable atractivo económico: es un corredor estratégico para la salida de la producción de soja en el Mato Grosso, el principal productor de granos del país. Hasta el 2014, el gobierno federal pretende gastar R$1,48 mil millones para concluir el asfalto de los 1.739 kilómetros de la BR-163, que conecta Cuiabá (MT) a Santarém -el mayor municipio del oeste del Pará, localizado en la desembocadura del Tapajós.
Hidroeléctricas. En la aldea Boca das Tropas, localizada a 40 minutos de barco de la ciudad paranaense de Jacareacanga, Rosenilda, una líder Munduruku, está preocupada por el futuro. “Cada día más policías llegan, más gente armada. Piensan que van a intimidarnos, pero nunca van a conseguirlo. Estamos luchando por nuestro pueblo, por nuestros niños, por nuestra naturaleza. Necesitamos salvar todo esto”, afirma.
Cerca de ahí, en la aldea Restinga, el líder Lamberto Painha también teme por lo que está por venir. “Estamos sufriendo desde hace más de 500 años”, dice. “El gobierno quiere acabar con todos nosotros. Una gran destrucción ocurrirá. Van a acabar con todo. Aquella isla se va para el fondo del río. Monos, pájaros y nosotros, indios, vamos a perder nuestras casas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir en ciudades? En las ciudades las personas no comparten nada. Sólo si uno tiene dinero. ¿Cómo vamos a conseguir banana, papas, ananá, caña? Vamos a morir de hambre.”
Los Munduruku, pueblo que domina la cuenca del Tapajós, fueron conocidos, durante el periodo colonial, como cazadores de cabezas. Algunos pocos pueblos pre colombinos dominaban complejas técnicas para confeccionar miniaturas del cráneo y del rostro de los adversarios muertos en combate -y los Munduruku figuran en ese selecto grupo de artesanos que hacían de las cabezas reducidas de sus enemigos una especie de trofeo de batalla.
A diferencia de lo que ocurre en el tramo paranaense de la cuenca del río Xingu, habitada por diversos pueblos indígenas directamente afectados por la construcción de la usina de Belo Monte, en el Tapajós, las hidroeléctricas previstas deben inundar sólo territorios de los Munduruku. Con su conocida habilidad para la guerra, ellos dominaron el río de arriba hasta abajo.
Sin embargo, algunas de las áreas donde actualmente viven esos indígenas aún no están demarcadas por el gobierno federal. Es el caso de la aldea Sawré Muyubu. Para llegar hasta ella, es necesario salir del centro de la ciudad de Itaituba y atravesar en automóvil, por dos horas, el Parque Nacional del Amazonas- la primera unidad de conservación (UC) creada para proteger la selva tropical, en 1974, en plena dictadura militar. Después, el viaje sigue una hora más en lancha.
Los indígenas de la Sawré Muybu están acorralados. De un lado, la amenaza viene del Chapéu do Sol, uno de los mayores yacimientos de oro y diamante de la región, que vierte una cantidad significativa de mercurio en las aguas del río. Del otro lado, la preocupación es con el lago de 722 kilómetros cuadrados -área correspondiente a casi 60 mil campos de fútbol- que será formado con la construcción de la hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós. “Si la usina se construye, nuestra tierra no va a ser totalmente inundada, pero nos vamos a quedar aislados, sin la caza y sin la pesca”, afirma Juárez, cacique de la aldea.
Al largo del 2012, técnicos de las empresas que hacen los estudios de viabilidad de la hidroeléctrica entraron en diversas oportunidades -y sin cualquier tipo de comunicación previa- en el área de la aldea, abriendo senderos y señalizando puntos en la selva. La postura invasiva y la falta de diálogo rebelaron a los Munduruku. “No vamos a permitir que nadie más entre en nuestra casa”, avisa Juarez. La tensión es tanta que, en una reunión realizada en octubre de 2012, una representante de la Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasilia amenazó convocar a la Fuerza Nacional para escoltar a los técnicos, si los Munduruku no se lo permiten.
Los indígenas reclaman, sobre todo, más agilidad en la demarcación de la Sawré Muybu. En 2007, la Funai creó un grupo de trabajo para identificar y delimitar el área que podrá ser transformada en tierra indígena. Pero los trabajos, que estaban paralizados hace años, sólo fueron retomados en noviembre del 2012, en virtud de la prisa del gobierno en resolver el estancamiento e intentar concluir lo más rápido posible las licencias de la usina de São Luiz do Tapajós.
Las obras de las hidroeléctricas se mueven en un escenario tan sensible que, a pedido del Ministerio Público Federal (MPF), la Justicia Federal suspendió, en primera instancia, el proceso de licencias de la usina de São Luiz do Tapajós, en noviembre del 2012. La decisión considera que las comunidades Munduruku que tendrán sus territorios directamente afectados por el emprendimiento necesitan ser debidamente consultadas e informadas sobre el proyecto, como reza la Constitución de 1988 y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por Brasil en el 2003.
La decisión de la Justicia Federal no tomo en cuenta sólo los aspectos sociales para suspender el otorgación de licencias de la hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós. La sentencia también ordeno que fuera realizada una evaluación integral de los impactos ambientales a ser causados por todas las siete usinas previstas para la cuenca hidrográfica del Tapajós. Pero la medida no frenó al gobierno federal, que buscó apoyo de otras instancias de la Justicia para proseguir los estudios ambientales en el área. Nuevas decisiones provisorias de la Justicia Federal, en Santarém, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región y del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en Brasilia, permitieron que los investigadores continuaran relevando el terreno hasta que la cuestión fuera juzgada definitivamente. El MPF apelo y la pelea está lejos de finalizar.
“Al construir un complejo con varias usinas, se crean diversas barreras para la circulación de animales. Y no se está haciendo eso en cualquier lugar, sino en hot spots de biodiversidad”, explica el geólogo Juan Doblas, de la ONG Instituto Socio ambiental (ISA). “El tema es muy serio. Sin embargo, son difíciles de cuantificar los impactos ambientales. Y existe de hecho una biodiversidad muy grande en esa región, pero aún es desconocida porque no fue debidamente estudiada.”
La construcción de las usinas también va a impactar considerablemente la zona urbana de Itaituba. Según la Eletrobras, sólo las obras de Jatobá y Son Luiz del Tapajós deben atraer por lo menos 50 mil personas en busca de trabajo. “Itaituba no está preparada para atender ni a las 100 mil personas que ya viven aquí”, admite la alcaldesa Eliene Nunes.
Aún con fallos constantes en el suministro de electricidad y con la inexistencia de una red de saneamiento básico, el precio de los inmuebles aumento. Una burbuja inmobiliaria ya da señales de vida aún antes de que las obras de las usinas sean iniciadas. En los últimos años, por lo menos cuatro nuevas agencias inmobiliarias surgieron en la ciudad. En ese periodo, el alquiler de un inmueble próximo a la orilla del Tapajós aumento más que el doble: a finales del 2012, costaba mas de R$2 mil. Empresas como la Sotreq, revendedora de tractores y máquinas pesadas de la multinacional norteamericana Caterpillar, también buscaban terrenos próximos a la carretera Transamazónica, que cruza Itaituba.
La alcaldesa Eliene también se queja de la escasez de informaciones más precisas sobre los emprendimientos y de la falta de diálogo con la Eletrobras y con el gobierno federal. “Nosotros sabemos lo que todo el mundo sabe, lo que se publica en la prensa”, afirma. Cuando es consultada sobre el futuro de Itaituba, Eliene rie desconcertada: sabe que tiene en manos una verdadera bomba de tiempo que manejar.
Garimpos. Cuando la fiebre del oro de Serra Pelada, localizado en el sudeste del Pará, comenzó a declinar, a principios de los años 1980, los aventureros dispuestos a enfrentar el barro y la malaria apostaron que el nuevo El Dorado se encontraba en el Tapajós. Y ellos tenían razón.
Después de tres décadas, se calcula que existen hoy nada menos que 2 mil puntos de extracción alrededor del río. Llegar hasta las llamadas “currutelas”, pueblos que funcionan como una especie de base central para los casi 50 mil hombres decididos a desafiar la selva, sólo es posible alquilando un pequeño avión o viajando días arriba de una lancha, a partir de Itaituba.
“Cerca de 98% de los garimpos (minas de oro) de la región son irregulares”, asegura Oldair Lamarque, ingeniero encargado la oficina del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) en Itaituba. No es muy difícil entender por qué la mayoría está en la clandestinidad. Para obtener la licencia ambiental de una pequeña labra, del tamaño de hasta 50 campos de fútbol, es preciso viajar hasta la capital, Belén, pagar cerca de R$16 mil en impuestos y aún arcar con los costes de transporte de los técnicos de la Secretaría Estadual de Medio Ambiente (Sema).
Sin cualquier tipo de fiscalización, los garimpos son uno de los principales vectores de degradación ambiental en la cuenca del Tapajós. Y los problemas no se resumen a la contaminación del agua por causa de la utilización de substancias tóxicas para depurar el oro, como el mercurio y -más recientemente- el cianeto. Nuevas técnicas han aumentado la productividad y potencializado los impactos sobre el medio ambiente. La utilización de retroexcavadoras llamadas de PCs, usadas para remover el suelo en busca del oro, es una de ellas. El trabajo que antes demoraba casi un mes para ser hecho hoy es realizado en sólo diez días.
Además de eso, aumentó significativamente el número de barcazas que operan directamente el cauce del río Tapajós. En ese caso, servidores del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) entienden que la decisión del gobierno de reducir el área de cinco unidades de conservación para la construcción de las hidroeléctricas de Jatobá y Son Luiz del Tapajós, en enero de 2012, contribuyó a agravar el problema. Sin esa medida, las licencias ambientales de las usinas no podrían ser otorgadas.
Sin embargo, como parte del área fue desprotegida, el número de barcazas en el río creció de forma preocupante. En pocos meses, saltaron de cinco a 35 en el tramo de 400 kilómetros entre los municipios de Itaituba y Jacareacanga. “Para desarticular garimpos grandes, como los que existen en Itaituba, es preciso armar prácticamente una operación de guerra”, afirma Nilton Rascon, analista ambiental del ICMBio.
Según lideres indígenas oídos por el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), los indígenas intentan dialogar con representantes del poder público desde el 2005, con el fin de crear proyectos de piscicultura, producción de miel y artesanía de forma a reducir la dependencia del garimpo. Pero, por el momento, nada se concretó.
Mineras. Si el Tapajós es una de las mayores provincias minerales del mundo, ¿por qué aún no hay empresas mineras en la región? La respuesta se divide, básicamente, en dos explicaciones. La primera es geológica. “Aquí no existen depósitos minerales grandes, como ocurre en Goiás o en Minas Gerais. Los depósitos son pequeños y esparcidos. Eso favorece la minería manual, y no a las grandes empresas mineras”, explica Lamarque, del DNPM. La segunda explicación es del orden estrictamente económica. “La falta de carreteras y de fuentes de energía inviabiliza grandes proyectos de minería de oro”, completa.
La construcción de las hidroeléctricas y el asfaltamiento de la ruta BR-163 ya están despertando la codicia de las mineras. por momento, el oro del Tapajós aún no entró en la mira de las compañías consideradas majors -las mayores del mundo. Pero por lo menos cinco empresas identificadas como juniors, como son llamadas las de medio porte, ya están en etapas de investigación. El más adelantado de ellos es el Proyecto Tocantinzinho, en el municipio de Itaituba, que debe concretarse en el corto plazo. El emprendimiento es de una subsidiaria de Eldorado Gold, del Canadá.
Y no es sólo el oro lo que llama atención de las mineras, en el Tapajós. La gigante Anglo American, una de las mayores del mundo en el sector, está estudiando el potencial de un deposito de cobre en la Floresta Nacional (Flona) del Jamanxim -la segunda mayor del país, con una área de 1,3 millón de hectáreas, casi diez veces superior a la ciudad de São Paulo. El área de investigación requerida por la compañía inglesa al DNPM, en el segundo semestre de 2011, comprende más de la mitad de la Flona. En tesis, eso no es ilegal: la legislación ambiental permite la minería en una reserva de ese tipo, desde que este debidamente licenciada y adecuada a las normas de conservación del área.
Sin embargo, sin cualquier tipo de autorización, la Anglo American ya viene utilizando máquinas para explorar el área, desde julio del 2012, por lo menos. La denuncia es hecha por el propio jefe de la Flona del Jamanxim, Haroldo Marques. “Ese pedido para realización de exploración en el área tiene que ser formalizado. Y yo soy el responsable para autorizar investigaciones y perforaciones, pero hasta ahora no me llegó ningún pedido”, explica el funcionario del ICMBio. “Yo vi operarios en camionetas con logotipo de la Anglo American, usando uniformes, sin ninguna preocupación en ocultar el nombre de la empresa.”
El encargado de la Flona del Jamanxim está en la oficina del ICMBio de Itaituba y necesita autorización de los superiores de Brasilia para ir a campo y fiscalizar el cumplimiento de la legislación ambiental. “Y yo estaba fiscalizando y combatiendo la deforestación, pedí la renovación de la autorización, pero no fue concedida”, explica Marques. “Fui apartado de la fiscalización y tuve que parar. Muy raro, no?”
Interrogada por la Pública , la asesoría de prensa de la Anglo American emitió un comunicado diciendo que “confirma que la empresa solicitó áreas al DNPM” y que “aguarda la publicación de los respectivos permisos de investigación, para, sólo entonces, solicitar la autorización del ICMBio, órgano gestor de las Unidades de Conservación en el país, y su respectivo encuadramiento en el Plan de Manejo ambiental[de la Flona del Jamanxim]”. La empresa niega, sin embargo, que esté haciendo trabajos de exploración. “El equipo de campo promovió en el periodo únicamente contactos con propietarios, visando los fututos acuerdos, conforme esta previsto en el Código de Minería”, finaliza la nota.
Los “propietarios” citados en la nota de la Anglo American son personas que reivindican la propiedad de tierras dentro de la Flona del Jamanxim. Cuando fue creada, en 2006, la unidad de conservación que lleva el nombre del río afluente del Tapajós ya estaba ocupada por diversas haciendas. La pecuaria, la minería y la extracción ilegal de madera hacen de esa la reserva la que más perdió flora autóctona en todo país, a lo largo del 2012. Curiosamente, la devastación crece a la misma velocidad que la intención del gobierno de reducir el área de la Flona del Jamanxim. Actualmente, un grupo de trabajo del ICMBio de Brasilia analiza la posibilidad de extirpar, como mínimo, 200 mil hectáreas del área actualmente protegida.
Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), que vigila la deforestación por satélite, la floresta perdió, en 2012, 30,7 kilómetros cuadrados. En 2011, ese número era considerablemente más pequeño: 12,9 kilómetros cuadrados hectáreas. “El área donde la Anglo American está haciendo las investigaciones es una de las más preservadas de la Flora”, analiza Marques.
No hay como negar que el Tapajós es la niña bonita en la expansión de la frontera amazónica- proceso que, históricamente, dejó heridas no cicatrizadas debido a la lógica depredatoria con que se instaló en otras partes de la floresta. Solo nos queda desear que la historia no se repita en el oeste del Pará. Por lo visto hasta ahora, el deseo tendrá que ser muy grande. Muy grande.
