El plan, presentado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el 7 de julio, forma parte de las negociaciones de reestructuración entre la compañía eléctrica y los acreedores que tienen alrededor de US$9.000 millones en deuda total.
Nueva York. Los tenedores de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico ofrecieron refinanciar sus US$8.000 millones en deuda mediante su división en dos clases de bonos, una maniobra que dicen ahorraría a la AEE US$2.500 millones en costos de financiamiento hasta el 2025, según un resumen de la propuesta hecha pública el jueves.
El plan, presentado a la AEE el 7 de julio, forma parte de las negociaciones de reestructuración entre la compañía eléctrica y los acreedores que tienen alrededor de US$9.000 millones en deuda total, y responde a una propuesta que la AEE anunció en junio que encontró la resistencia de los tenedores de bonos.
"Este marco ofrece mejores condiciones financieras para la AEE en todos los ámbitos, incluyendo menores tasas de interés, menor deuda en circulación, y un perfil de vencimiento más largo y flexible", dijo Stephen Spencer, director gerente de Houlihan Lokey, asesor de los tenedores de bonos de la AEE.
Spencer representa alrededor del 40% de los tenedores de bonos.
La AEE, la mayor empresa pública de Puerto Rico, es vista como un microcosmos de la mala gestión y estancamiento económico que han dejado al Estado libre asociado sumido en una deuda de US$72.000 millones.
El grupo responsable del último plan, integrado por inversores tradicionales como Franklin Advisers y actores estratégicos en problemas similares como Blue Mountain Capital, representa a los tenedores de bonos que controlan en torno al 40% de la deuda de US$8.100 millones.
El plan sería dividir la deuda en dos tramos con tasas de interés reducidas de un 4,1%, por debajo del 5,2% actual. El grupo de acreedores anticipa que estos bonos tendrían una calificación AAA.
El primer tramo, con cerca de US$5.700 millones de la deuda, incluiría alivio del servicio de la deuda hasta el 2019. Los pagos en el segundo tramo, que comprendería los US$2.400 millones restantes de la deuda, podrían retrasarse hasta el 2035.
