El acuerdo, en el que Toyota no admite o acepta responsabilidad, señala que el fabricante japonés tendrá que pagar US$5 millones a los propietarios de los vehículos afectados por los costes en que incurrieron.
Toyota pagará US$29 millones para resolver las demandas presentadas en Estados Unidos por el intento de la compañía japonesa de ocultar que conocía los casos de aceleraciones involuntarias en sus vehículos, informaron fuentes judiciales.
Las demandas habían sido presentadas por los fiscales generales de 29 estados del país.
"Este acuerdo es importante porque ayuda a asegurar que los fabricantes de autos se ajustan a la ley de Wisconsin y, lo más importante, envía un mensaje a otras firmas que puedan verse involucradas" en conductas similares, afirmó el fiscal general del estado de Wisconsin, J.B. van Hollen, en un comunicado.
El acuerdo, en el que Toyota no admite o acepta responsabilidad, señala que el fabricante japonés tendrá que pagar US$5 millones a los propietarios de los vehículos afectados por los costes en que incurrieron.
Otra cláusula señala que Toyota no podrá hacer propaganda de la supuesta seguridad de sus vehículos sin solidos datos que respalden sus afirmaciones.
Las demandas judiciales se iniciaron en 2010 después de que conductores norteamericanos denunciaran que sus vehículos sufrían aceleraciones involuntarias, que en algunos casos causaron accidentes.
El problema fue posteriormente identificado como el fruto de un diseño defectuoso que permitía que las alfombrillas del suelo del interior del vehículo se engancharan en el pedal del acelerador.
Durante la investigación realizada por las autoridades estadounidenses se descubrió que la compañía japonesa conocía el defecto, pero no lo comunicó de forma apropiada.
El pasado mes de diciembre, Toyota llegó a otro acuerdo extrajudicial, valorado en una cantidad que oscila entre US$1.100 y US$1.400 millones, para resolver las demandas civiles presentadas por centenares de propietarios de Toyota.
La firma también pagó a las autoridades estadounidenses la mayor multa de la historia en el sector, US$70 millones, por no realizar a tiempo la llamada a revisión para solucionar el problema.
