La Federación Única de los Petroleros (FUP) -que representa a 12 sindicatos petroleros de la estatal brasileña- sostuvo que el acuerdo por US$8.600 millones alcanzados entre Petrobras y Engie, no contó con la autorización debida de las autoridades para la transacción.

La Federación Única de los Petroleros (FUP) disputará en la justicia la venta de la Transportadora Asociada de Gas (TAG), unidad de gasoductos de Petrobras, negociada por US$8.600 millones con el grupo francés Engie y el fondo canadiense CDPQ.

Según la nota de la FUP publicada este lunes, el acuerdo anunciado el viernes pasado fue realizado "en ausencia de la decisión cautelar del Ministro Ricardo Lewandowski, del Supremo Tribunal Federal (STF), que prohíbe la venta de activos de empresas públicas sin autorización del mismo legislativo". 

Lewandowski es relator de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) presentada por entidades sindicales que integran el Comité Nacional en Defensa de las Empresas Públicas, del que forma parte la FUP.

Petrobras acabó por reanudar la competencia para la venta de TAG y otros activos en enero, con base en la evaluación de la Abogacía General de la Unión (AGU) de que la empresa atiende requisitos del propio STF para enajenar subsidiarias. También fue eliminada una disposición que impedía la negociación de la empresa.

La petrolera brasileña Petrobras afirmó que no va a comentar el asunto.

Un consorcio liderado por la eléctrica francesa Engie ganó la contienda para adquirir el ducto TAG de la brasileña Petrobras por US$8.600 millones, una operación que expande la presencia de la firma europea en un mercado de veloz crecimiento y que ayudará a la petrolera estatal a reducir su deuda.

Engie dijo este lunes que su oferta exitosa por una participación del 90% en TAG se realizó en asociación con la firma de inversión Caisse de Dépôt et Placement du Québec, una empresa controlada por el Estado que gestiona activos por unos US$310.000 millones.

Petrobras mantendrá el 10% de participación en el gasoducto.