La amenaza multiplica los riesgos para una logística portuaria que ya es precaria, en un año en que se esperan exportaciones históricas de soja.

Brasilia. Los trabajadores de los puertos estatales de Brasil están amenazando con ir a la huelga a menos que el Congreso deseche un proyecto de ley que afirman provocará reducciones de puestos y beneficios.

La amenaza multiplica los riesgos para una logística portuaria que ya es precaria, en un año en que se esperan exportaciones históricas de soja.

Este miércoles, representantes sindicales tenían previsto reunirse con congresistas para persuadirlos de que voten contra partes de un proyecto de ley que traspasa responsabilidades claves de la gestión al gobierno central, lo que amenaza los empleos.

Los trabajadores también rechazan la propuesta que busca permitir que los nuevos terminales recluten a su propia fuerza laboral, lo que anularía su obligación actual de contratar a los empleados por medio de una agencia centralizada que distribuye los turnos disponibles.

Las modificaciones propuestas reducen los sueldos y las garantías legales, afirman los sindicatos.

"Si no tenemos éxito, sin duda habrá un paro. Sea que afecte el balance comercial o no, queremos evitar pérdidas y reveses para los trabajadores a futuro", dijo Everandy Cirino dos Santos, jefe del sindicato Sindaport.

Aun si no se concreta la amenaza de huelga, personas de la industria prevén un año caótico en los colapsados puertos de Brasil, en particular en Santos y en Paranagua en el sureste.

Este año se espera una cosecha récord de soja, que llevaría a que las exportaciones se disparen.

Años de inversión deficitaria hacen que la capacidad portuaria no logre satisfacer las necesidades del floreciente sector agrícola del país.

Incluso una huelga de poca duración podría agravar los actuales retrasos, elevando los costos de los exportadores y potencialmente aumentando los precios al contado de materias primas brasileñas claves como la soja y el azúcar.

Las propuestas para reemplazar el marco regulatorio para los puertos se realizaron dentro del plan que trazó el Gobierno para atraer inversión privada por 54.000 millones de reales (US$27.000 millones) a un reforma pública-privada de los puertos, anunciada en diciembre.