El conflicto se inició a mediados del año pasado, cuando empresas televisoras y de telecomunicaciones enfrentaron un proceso de lanzamiento en la corregiduría de Sabanitas, en la provincia de Colón, por el uso de terrenos privados en el Cerro Santa Rita, en donde tienen colocadas más de 20 antenas de transmisión y retransmisión.
La invasión de terrenos privados en el Cerro Santa Rita en Colón ha sido catalogada como “el escándalo silencioso”, debido a que muy poco se sabe sobre lo que está ocurriendo con estos terrenos que mantiene en procesos legales a empresas de telecomunicación y medios de comunicación con los propietarios de los mismos.
En el caso de los medios algunos han decidido no darle cobertura al mismo, ya sea porque están involucrados directamente o porque grandes anunciantes son los que han quedado envueltos en el litigio.
El conflicto se inició a mediados del año pasado, cuando empresas televisoras y de telecomunicaciones enfrentaron un proceso de lanzamiento en la corregiduría de Sabanitas, en la provincia de Colón, por el uso de terrenos privados en el Cerro Santa Rita, en donde tienen colocadas más de 20 antenas de transmisión y retransmisión.
Lo demandantes exigen la salida de su propiedad por parte de estas empresas que han usado este espacio por 20 años, o en su defecto, el pago por el uso de su terreno, por lo que han adelantado los procesos legales pertinentes antes las autoridades de Colón, inicialmente en la corregiduría de Sabanitas.
El litigio se da luego que el dueño de los terrenos regresara al país después de vivir 40 años en Estados Unidos y al tratar de reclamar sus terrenos de unas 200 hectáreas se encuentra que los mimos han sido utilizados para la colocación de antenas de retransmisión.
“Las antenas de retransmisión de señales para servicios de telecomunicaciones se han instalado sin permiso ni consentimiento del propietario, removiendo las cercas y delimitaciones que había colocado, aprovechando su ausencia del país”, aseguraron los denunciantes a través de sus redes sociales.
Según lo dueños de los terrenos, entre las empresas con órdenes de desalojo hay compañías nacionales y multinacionales, que se resisten a respetar los derechos del legítimo propietario de la finca, como se ha demostrados a través del proceso. La orden de desalojo se fundamenta en el respeto al Derecho Constitucional a la Propiedad Privada, definido en estricta legalidad y debido proceso.
