Las demandas compensatorias de pueblos indígenas del oriente pusieron en duda la ejecución de trece proyectos hidrocarburíferos. Los requerimientos económicos suman hasta el momento $US72 millones.
Las demandas compensatorias de pueblos indígenas del oriente pusieron en duda la ejecución de trece proyectos hidrocarburíferos. Los requerimientos económicos suman hasta el momento $US72 millones y YPFB Corporación afirma que el objetivo de la consulta se “desvirtuó”.
De acuerdo a datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), actualmente existen 13 proyectos hidrocarburíferos que están en riesgo de suspensión por conflictos con 16 pueblos indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Las demandas económicas propuestas en el proceso de consulta y participación “inviabilizan” la obtención de la licencia ambiental y la ejecución de los mismos.
“Las exigencias compensatorias de los pueblos indígenas van más allá de la inversión que pueda tener el proyecto y nos preocupa que algunos aspectos de la consulta y participación se han ido desvirtuando de la concepción misma de proceso”, dijo a La Razón el director de la Unidad de Medio Ambiente de YPFB Corporación, Helmut Müller. La consulta y participación —requisito esencial para la obtención de la licencia ambiental de cualquier proyecto hidrocarburífero— tiene rango constitucional y está amparada bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El proceso tiene cuatro etapas: la información sobre la actividad a las comunidades de origen; la planificación conjunta (entre el operador y la población originaria) validada con la firma de un Acta de Entendimiento; la ejecución de la consulta en un período de tres meses; y el consenso de resultados de la consulta y firma del Convenio de Validación de Acuerdos.
Sin embargo, lamentó Müller, “se tienen muchos vacíos legales” que hacen que la consulta llegue a retrasar los proyectos “hasta por cuatro años”.
El proceso se aplica de manera “previa, obligatoria, oportuna y de buena fe”, cada vez que se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas en tierras comunitarias, señala el Decreto Supremo 29033, que reglamenta el procedimiento. El acuerdo también incluye un monto de compensación por los impactos socioambientales no mitigables en la región.
Proceso A decir de Müller, a medida que pasa el tiempo, “esta compensación atrae cada vez más a intereses privados, pedidos ajenos al nuevo proyecto hidrocarburífero y a algunas ONG (Organizaciones No Gubernamentales) que buscan beneficiarse con esta situación y presionan para que no se firme el Convenio de Validación de Acuerdos”.
Según los datos de la petrolera estatal, los requerimientos económicos “previos” a la consulta o para dar curso al Convenio de Validación de Acuerdos en los 13 proyectos suman $US72 millones. Sin embargo, algunas de las comunidades aún no hicieron conocer su demanda económica, por lo que esa cifra puede aumentar de forma considerable.
Guaraníes coordinan montos de compensación económica. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) reveló que los requerimientos de compensación en proyectos hidrocarburíferos se realizan en coordinación entre la asamblea nacional y las regionales. El sector pidió ser parte de los nuevos proyectos petroleros.
“La definición de la economía de cada zona guaraní es autónoma”, pero la demanda económica que pueda hacer una APG regional para dar curso a un proyecto petrolero “está en función a la coordinación que se pueda hacer desde la dirección nacional y las capitanías zonales”, dijo a La Razón el dirigente de la APG, Amancio Vaca.
La política de desarrollo de la APG, remarcó, “no afecta” intereses públicos ni privados y “vela por los recursos naturales. “Si existe una demanda económica es porque estamos siendo afectados por el abuso que se hace de estos recursos”, expresó.
Vaca explicó que la definición de los montos de compensación se realiza en una comisión conformada por dirigentes nacionales y regionales, y en base a un estudio de impacto ambiental del proyecto a realizarse.
“Tiene que haber responsabilidades compartidas y coparticipación en toda la ejecución de proyectos que tengan que ver con comunidades de origen”, indicó.
Proponen fiscalizar y limitar la compensación a indígenas. El sector petrolero vislumbra una nueva normativa social y ambiental para los proyectos.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) propuso fijar montos para las demandas compensatorias que surgen de los procesos de consulta y participación y fiscalizar los recursos estatales otorgados a poblaciones indígenas para agilizar la inversión pública y privada en proyectos hidrocarburíferos.
“Que se establezcan montos de compensación y parámetros para fijar los valores que puedan tener los diferentes impactos ambientales. Asimismo, se tiene que considerar que las compensaciones deben ser directamente invertidas en proyectos de desarrollo productivo que beneficien a las comunidades”, dijo a La Razón el director de la Unidad de Medio Ambiente de YPFB, Helmut Müller.
Que el uso de estos recursos “no sea de libre disponibilidad y libre de fiscalización, como lo es actualmente, ya que —como los dineros que se destinan a compensaciones (en proyectos públicos) son del Estado— deben estar sujetos a algún tipo de control”.
Müller reconoció también que la normativa ambiental vigente tropieza con “falencias” relacionadas con la forma de realizar la consulta, lo que deja a las empresas a merced de “criterios subjetivos”, por lo que el Ejecutivo “estaría trabajando en propuestas de reglamento, específicamente para las compensaciones (a indígenas)”.
Argumentos. En reiteradas oportunidades, el Órgano Ejecutivo denunció que algunas comunidades o dirigentes indígenas, originarios o campesinos utilizaban la consulta y participación para “chantajear” a las empresas públicas o compañías privadas que intentan iniciar un nuevo proyecto, principalmente en el área hidrocarburífera.
“Los temas de compensación a pueblos indígenas sería mejor trabajarlos a través de la inversión social (Responsabilidad Social Corporativa)”, manifestó el ejecutivo de YPFB.
El 12 de diciembre de 2011, el presidente de la petrolera estatal, Carlos Villegas, anunció que el Gobierno emitiría una nueva normativa ambiental para agilizar los proyectos de inversión paralizados a causa de problemas en la obtención de la licencia ambiental.
Días después se incorporó a la Ley del Presupuesto General del Estado la Disposición Adicional Séptima que hace referencia a los procesos de consulta y participación para proyectos futuros o en trámite de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE).
Según la norma, estos proyectos ya no tendrán retrasos en su ejecución por demandas externas que frenen la obtención de la licencia ambiental, porque, una vez cumplidos los plazos, el Ejecutivo definirá las condiciones de la gestión ambiental de los mismos.
Para el analista Guillermo Torres, en Bolivia, “los indígenas se han hecho a la idea de que pueden pedir lo que quieran sin tomar en cuenta las leyes. Una nueva reglamentación para hacer más atractivas las inversiones no solucionará este problema, que en cualquier momento puede llegar a generar situaciones más conflictivas”, advirtió.
Buscan asegurar buen uso de recursos. Repsol aseguró realizar el seguimiento al uso de los recursos entregados a las comunidades indígenas para que éstos sean invertidos en proyectos productivos “de largo plazo”. La petrolera confirmó que el último desembolsó que hizo en procesos de consulta y participación fue de $US13,5 millones.
“La compañía y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Itika Guasu han establecido mecanismo de seguimiento permanente (al uso de recursos entregados) que se traduce en reuniones mensuales, semestrales y anuales, visitas de campo y otras actividades que se consideren necesarias”, informó Repsol, en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.
El último “aporte” realizado a esta comunidad fue de $US13,5 millones y fue entregado para posibilitar el desarrollo del campo Margarita. “La APG Itika Guasu también realiza un seguimiento de las actividades que ejecuta la compañía para el desarrollo del bloque Caipipendí”, cita el documento.
El acuerdo establece que el aporte del consorcio (Repsol, British Gas y Pan American Energy) será destinado a proyectos de desarrollo en las 36 comunidades que conforman las Tierras Comunitario de Origen (TCO) Itika Guasu y señala que estos recursos serían colocados en un fondo de inversión a largo plazo, en una institución financiera con calificación AAA, “permaneciendo inmovilizados por un periodo de diez años”.
“Anteriormente, se han hecho desembolsos a la APG Itika Guasu para el desarrollo de programas específicos en la zona 3 (...). También se han realizado pagos por concepto de servidumbre, es decir, para el uso de sectores en los cuales se ejecutan actividades necesarias para el desarrollo del área de contrato”, informó Repsol.
Con estos fondos Itika Guasu inició proyectos en el campo de salud y de provisión de alimentos.
Cambios al proceso de consulta. El 12 de enero, el presidente Evo Morales anunció que el Legislativo aprobará durante esta gestión una norma que “separe la licencia ambiental de la consulta y participación” para destrabar las inversiones en proyectos estatales estratégicos. Organizaciones No Gubernamentales (ONG), agregó, ejercen influencia “en algunos dirigentes indígenas” para que se opongan a estos proyectos en infraestructura o en hidrocarburos.
